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En la mira

2019-11-17 18:35:38 | El Pionero

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La bancada de Morena quiere recortar de nueve a tres años el periodo de mandato del consejero presidente del INE


    

Parecería que todos los días el gobierno federal y el partido Morena en el Congreso se levantan con una misión: debilitar o eliminar a los organismos autónomos porque tienen la terrible característica de… ser autónomos y eso sí (les) calienta.

Primero se tiende la camita con una campaña de desprestigio desde las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador. Desde ahí lanza airadas críticas contra la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Las acusaciones son prácticamente las mismas: solaparon a gobiernos anteriores, no dijeran nada ante irregularidades, son onerosas y aparentaban combatir la corrupción. Sólo falta decir que comen niños, matan perros y le van al América.

Y cuando algún reportero con cifras y datos le hace ver al mandatario que eso no es verdad, él simplemente responde: “Pues yo tengo otra opinión. Yo pienso que no han cumplido con su función, pero respeto tu punto de vista” y fin del debate.

Como segundo paso viene la andanada personal hacia los integrantes a esos órganos con el objetivo de hacerlos renunciar por la buena o por la mala. Primero les piden su renuncia y si no aceptan entonces comienzan a investigarlos, acusarlos y acosarlos, como sucedió con el presidente de la CRE.

Una vez que queda el espacio libre, o por renuncias o por el fin del periodo legal, llega la fase de la ocupación en la que se imponen personas que cumplen con un solo requisito: ser leales a la 4T. El caso más reciente fue la designación de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH. Para el Presidente y los morenistas en el Senado lo único que importó es que tuviera la experiencia de haber sido víctima (indirecta). Algo así como si pusiera a cualquier persona a quitar apéndices porque haya vivido en carne propia una apendicitis o a pilotear un avión porque tiene como costumbre de haberse subido a un avión cada vez que se va de vacaciones.

Con esta designación quedó claro hasta dónde se piensa llegar para adueñarse de los órganos autónomos. Para la CNDH fueron capaces de mentir, hacer trampa, violar la ley e, incluso, convertir al Presidente en un acróbata. En la conferencia del pasado 8 de noviembre, mientras López Obrador decía que antes se nombraba a los consejeros del INE o del Tribunal Electoral por cuotas partidistas, un reportero le recordó que Piedra Ibarra fue consejera de Morena y además candidata a diputada por ese partido. Ante esto, el Presidente, en un triple salto mortal, dijo que no era lo mismo porque se trataba de una mujer vinculada a la defensa de los derechos humanos. A decir verdad, con un salto así nadie pasaría a la segunda ronda en ninguna competencia.

Finalmente, si la campaña negativa y la presión no fueron suficientes, entonces acuden al plan b: la vía legislativa. Por eso, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados quiere recortar de nueve a tres años el periodo de mandato del consejero presidente del INE.

Todo indica que la presidencia y Morena quiere sus propios floreros, incondicionales, que no les pongan obstáculos a ninguna de sus ocurrencias, perdón, decisiones. Así, si un día un gobernante decide ampliar su periodo de gobierno, no habrá ni INE ni SCJN que lo impida; si una administración determina no dar información sobre un proyecto, el Inai volteará a otro lado o si se violan derechos humanos, la señora Piedra ni cuenta se dará, porque ella no sabe siquiera que han sido asesinados periodistas en este gobierno.

Vianey Esquinca/ La Inmaculada percepción

 

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Farmacéuticas: la corrupción nunca combatida

2020-08-01 16:03:10 | El Pionero

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Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.


    

La aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones del Sector Público en el Congreso es un capítulo más de una trama que ilustra la épica política de un gobierno que, afanado en atacar la plaga de la corrupción, lleva 20 meses de erráticas fumigaciones.

Es una historia que retrata la prisa y el voluntarismo con el que se ha pretendido resolver el heredado problema del abasto de medicamentos que, con cada presunta solución mágica, se ha ido agravando.

Frente al desastre profundizado en el inicio del sexenio, cuando la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, prometió compras consolidadas, ahora se anuncia el fin del monopolio de las farmacéuticas que, se asegura, venían saboteando al gobierno.

Esa retórica promete, una vez más, la solución definitiva del desabasto, gracias a las adquisiciones, a mejores precios y mayor calidad, de los insumos de salud en el extranjero, con el apoyo de Naciones Unidas, OPS y OMS.

Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.

“Sin haber explicado razones claras, el Presidente ha desatado una persecución contra la industria farmacéutica, con un ánimo de venganza que multiplicará el tema del desabasto”, advirtió el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD).

Entre ambos escenarios, el de la victoria de cambio de régimen que sometió a los neoliberales y el de la escasez que vendrá, se encuentra el estratega Presidente que no quita el dedo del renglón: quiere comprar bueno y barato, que los empresarios le entren a la austeridad de sus ganancias.

Pero sin pruebas ni investigaciones que castiguen penal y administrativamente a los corruptos, López Obrador quiere poner de rodillas a un sector que igual agrupa a cinco distribuidoras millonarias que se repartían a su gusto el mercado, que a 250 laboratorios con 100 mil trabajadores, pasando por inversionistas serios y políticos sin escrúpulos que cabildeaban adjudicaciones para IMSS, ISSSTE y gobiernos estatales, quedándose con su respectiva comisión.

Y en la espera de que ese sector se rinda, se le ofreció una salida. La formuló el diputado Oscar González Yañez (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que al vapor aprobó el dictamen de la reforma: “Esta también es una oportunidad para que los empresarios de la industria farmacéutica se pongan a tono a lo que pueden vender dentro de nuestro país”.

Y para esta tarea, el Presidente creará una distribuidora estatal de medicinas a cargo de David León, coordinador de Protección Civil, el hombre de las confianzas del senador Manuel Velasco, quien lo envió desde Chiapas cuando era gobernador para apoyar al presidenciable de Morena en la logística de su campaña, el mismo que fue responsable de las relaciones públicas del PVEM en tiempos del Pacto por México. 

Es un encargo monumental, similar al que Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles consiguieron en la Secretaría de Salud, durante el sexenio de Zedillo al impulsar el mercado de medicamentos genéricos.

Pero López Obrador opta por un cuadro administrativo, después de que en esta aún infructuosa batalla por las medicinas baratas, quedaron en el camino funcionarios que no pudieron con el tema: Germán Martínez, quien renunció a la dirección del IMSS por el austericidio; y el exsecretario Carlos Urzúa, quien huyó, entre otras cosas, del voluntarismo y del hacha presupuestal de la ahora titular del SAT.

Paradójicamente, hubo otro entusiasta de la limpia de la industria que acabó enredado en sus negocios de medicinas: Carlos Lomelí Bolaños, el exdelegado gubernamental en Jalisco, señalado por Mexicanos contra la Corrupción por sus enjuagues con el sector público.

Resulta explicable que el Presidente no recurra a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Cofepris, la instancia que en vez de construir un plan para eliminar a las distribuidoras mafiosas y negociar con los laboratorios nuevos convenios, le cerró las puertas durante año y medio a 90 innovaciones farmacéuticas.

Certero en su diagnóstico sobre la voracidad monopólica, López Obrador puso el tema sobre la mesa desde el primer encuentro con su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Sin atinarle nunca al tratamiento, el gobierno fue a la India, dispensó certificados de buena calidad, trajo batas chinitas que se rompían como kleenex, comparó la delicada distribución de medicinas con litros de Coca-Cola, filtró el nombre del priista Roberto Madrazo como representante de los políticos voraces…

 

Pero la plaga siguió ahí. Y a falta de fumigadores y venenos efectivos, ahora el gobierno quiere quemar el bosque.

Quizá es una mala metáfora.

También podría tratarse de una peligrosa forma de gobernar.

Por Ivonne Melgar/Retrovisor

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