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Un Congreso bajo la lupa

2020-05-02 10:05:37 | El Pionero

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Después de un largo trecho de ninguneo, la oposición resolvió frenar la reforma presidencial a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el denominado “bloque de contención”.


    

[% orquidea_tag %]El diversificado rechazo a la pretensión de darle un cheque en blanco al presidente López Obrador para modificar el gasto presupuestal demostró que la sociedad mexicana sí tiene inmunidad a las tentaciones autoritarias.

Se trata de una condición indispensable para la defensa de la democracia constitucional frente a quienes argumentan que puede prescindirse de ésta, en nombre de un proyecto político justo.

Porque esta vez el argumento del gobierno y de Morena ha sido que el Ejecutivo federal necesita márgenes de acción para atender la emergencia económica y garantizar sus obras y programas prioritarios, bajo la premisa de que primero los pobres.

En un texto publicado el lunes 27 de abril en El Universal, Gobernar por discurso, Juan Jesús Garza Onofre (director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho), Sergio López Ayllón (director del CIDE), Issa Luna Plá (secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas), Javier Martín Reyes (investigador del CIDE) y Pedro Salazar Ugarte (director del IIJ-UNAM) advirtieron que el orden constitucional estaba en entredicho y que la iniciativa de reforma enviada a la Cámara de Diputados era evidencia del debilitamiento paulatino de uno de los pilares del Estado mexicano: una actuación del gobierno subordinada a la ley.

Y al evaluar el decreto presidencial que dio origen a la propuesta de reforma legislativa, los especialistas advirtieron que ese documento pasaría a los anales de la historia del derecho por estar más cerca de Santa Anna que de Juárez.

“Es urgente que el Congreso despierte de su siesta”, señalaron en el texto los constitucionalistas.

A las sirenas de alerta de los expertos se sumó, el martes 28 de abril, una operación ciudadana de vigilancia y marcaje a los diputados federales, con la petición de votar en contra de la iniciativa presidencial.

Intelectuales, activistas de derechos humanos y organizaciones como México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Borde Político, Causa Común, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Unido contra la Delincuencia, Derechohabientes viviendo con VIH-SIDA del IMSS y Red por los Derechos de la Infancia en México, entre una larga lista, llamaron a los legisladores a frenar la reforma por considerar que elimina el carácter democrático del presupuesto, ademas de violentar la separación de poderes estipulada en el 49 de la Constitución.

Con esas manifestaciones de inmunidad ciudadana a la destrucción de los instrumentos que garantizan la democracia, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano resolvieron dejar la resignación de ser siempre mayoriteados.

Así que, después de un largo trecho de ninguneo, como lo fue la declaración del jefe de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, de que el proyecto gubernamental no necesitaba de la oposición para avanzar, ésta resolvió frenar la reforma presidencial a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el denominado “bloque de contención”.

La estrategia que ayer consiguió, temporalmente, sus propósitos, cuando el presidente López Obrador anunció que tomaría otra ruta para modificar el gasto presupuestal, se diseñó durante la reunión que vía Zoom sostuvieron este martes los coordinadores de San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), René Juárez (PRI), Verónica Juárez Piña (PRD) y Tonatiuh Bravo (MC), quienes ese mismo día obtuvieron el respaldo de sus pares en el Senado para hacer valer sus 13 lugares, de un total de 37 que integran la Comisión Permanente, y negarse a un periodo extraordinario en el que los diputados de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM tendrían la mayoría simple necesaria para darle al Presidente la ley que solicita.

Esta táctica era posible porque la coalición legislativa hegemónica necesita de un representante de la oposición para sacar adelante las votaciones calificadas.

Y con esa mínima ventaja numérica, el bloque de contención se sometió a la lupa ciudadana y consiguió que los 13 legisladores propietarios y los 13 suplentes se comprometieran públicamente a no doblarse.

Priistas que en otras ocasiones abollaron a la oposición, como el diputado Rubén Moreira, cerraron filas.

Y, como no había sucedido antes, la inmunidad contra las tentaciones autoritarias también se activó entre morenistas: Porfirio Muñoz Ledo, Lorena Villavicencio, Armando Guadiana y Germán Martínez, quien reprobó “la lambisconería pura” de quienes le dicen sí a todo lo que pide el presidente López Obrador.

Así que por, primera vez en lo que va de este gobierno, ese alegato de que el fin justifica los medios se topó con una masa crítica, defensora de la democracia, porque mostró músculo y le puso la lupa al Congreso.

Por: Ivonne Melgar/Retrovisor

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Farmacéuticas: la corrupción nunca combatida

2020-08-01 16:03:10 | El Pionero

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Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.


    

La aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones del Sector Público en el Congreso es un capítulo más de una trama que ilustra la épica política de un gobierno que, afanado en atacar la plaga de la corrupción, lleva 20 meses de erráticas fumigaciones.

Es una historia que retrata la prisa y el voluntarismo con el que se ha pretendido resolver el heredado problema del abasto de medicamentos que, con cada presunta solución mágica, se ha ido agravando.

Frente al desastre profundizado en el inicio del sexenio, cuando la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, prometió compras consolidadas, ahora se anuncia el fin del monopolio de las farmacéuticas que, se asegura, venían saboteando al gobierno.

Esa retórica promete, una vez más, la solución definitiva del desabasto, gracias a las adquisiciones, a mejores precios y mayor calidad, de los insumos de salud en el extranjero, con el apoyo de Naciones Unidas, OPS y OMS.

Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.

“Sin haber explicado razones claras, el Presidente ha desatado una persecución contra la industria farmacéutica, con un ánimo de venganza que multiplicará el tema del desabasto”, advirtió el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD).

Entre ambos escenarios, el de la victoria de cambio de régimen que sometió a los neoliberales y el de la escasez que vendrá, se encuentra el estratega Presidente que no quita el dedo del renglón: quiere comprar bueno y barato, que los empresarios le entren a la austeridad de sus ganancias.

Pero sin pruebas ni investigaciones que castiguen penal y administrativamente a los corruptos, López Obrador quiere poner de rodillas a un sector que igual agrupa a cinco distribuidoras millonarias que se repartían a su gusto el mercado, que a 250 laboratorios con 100 mil trabajadores, pasando por inversionistas serios y políticos sin escrúpulos que cabildeaban adjudicaciones para IMSS, ISSSTE y gobiernos estatales, quedándose con su respectiva comisión.

Y en la espera de que ese sector se rinda, se le ofreció una salida. La formuló el diputado Oscar González Yañez (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que al vapor aprobó el dictamen de la reforma: “Esta también es una oportunidad para que los empresarios de la industria farmacéutica se pongan a tono a lo que pueden vender dentro de nuestro país”.

Y para esta tarea, el Presidente creará una distribuidora estatal de medicinas a cargo de David León, coordinador de Protección Civil, el hombre de las confianzas del senador Manuel Velasco, quien lo envió desde Chiapas cuando era gobernador para apoyar al presidenciable de Morena en la logística de su campaña, el mismo que fue responsable de las relaciones públicas del PVEM en tiempos del Pacto por México. 

Es un encargo monumental, similar al que Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles consiguieron en la Secretaría de Salud, durante el sexenio de Zedillo al impulsar el mercado de medicamentos genéricos.

Pero López Obrador opta por un cuadro administrativo, después de que en esta aún infructuosa batalla por las medicinas baratas, quedaron en el camino funcionarios que no pudieron con el tema: Germán Martínez, quien renunció a la dirección del IMSS por el austericidio; y el exsecretario Carlos Urzúa, quien huyó, entre otras cosas, del voluntarismo y del hacha presupuestal de la ahora titular del SAT.

Paradójicamente, hubo otro entusiasta de la limpia de la industria que acabó enredado en sus negocios de medicinas: Carlos Lomelí Bolaños, el exdelegado gubernamental en Jalisco, señalado por Mexicanos contra la Corrupción por sus enjuagues con el sector público.

Resulta explicable que el Presidente no recurra a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Cofepris, la instancia que en vez de construir un plan para eliminar a las distribuidoras mafiosas y negociar con los laboratorios nuevos convenios, le cerró las puertas durante año y medio a 90 innovaciones farmacéuticas.

Certero en su diagnóstico sobre la voracidad monopólica, López Obrador puso el tema sobre la mesa desde el primer encuentro con su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Sin atinarle nunca al tratamiento, el gobierno fue a la India, dispensó certificados de buena calidad, trajo batas chinitas que se rompían como kleenex, comparó la delicada distribución de medicinas con litros de Coca-Cola, filtró el nombre del priista Roberto Madrazo como representante de los políticos voraces…

 

Pero la plaga siguió ahí. Y a falta de fumigadores y venenos efectivos, ahora el gobierno quiere quemar el bosque.

Quizá es una mala metáfora.

También podría tratarse de una peligrosa forma de gobernar.

Por Ivonne Melgar/Retrovisor

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