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COVID-19 y la insana distancia política

2020-04-18 14:06:56 | El Pionero

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Sabíamos que el discurso del Presidente escapa a los lugares comunes de los llamados retóricos a la unidad nacional. Pero nunca como ahora ésta quedó diluida hasta en las declaraciones del CCE, que antes de la emergencia sanitaria la había invocado.


    

[% orquidea_tag %]Con el avance de los contagios del COVID-19 crece la insana distancia del gobierno con sus opositores, incluidas las autoridades estatales de las entidades que no están bajo la administración de Morena.

Ciertamente, sabíamos que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador escapa a los lugares comunes de los llamados retóricos a la unidad nacional. Pero nunca como ahora ésta quedó diluida hasta en las declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que antes de la emergencia sanitaria la había invocado.

Y es cierto que las inconformidades de los gobernadores del PAN, del jalisciense Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y del michoacano perredista Silvano Aureoles provienen desde el inicio del sexenio, con las obligadas desmañanadas para evaluar la seguridad y con el nombramiento de los superdelegados estatales, tan desaparecidos en la tarea de sumar y coordinar esfuerzos en esta difícil coyuntura como centrados en el control del reparto de las ayudas sociales.

Pero lo que hemos atestiguado en los últimos días demuestra que la pandemia vino a profundizar en México la parálisis de la política. Por más que se anuncien reuniones virtuales de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con los mandatarios estatales y aun cuando el Presidente repita, ése sí, como lugar común, que tiene muy buenas relaciones con ellos.

Confinados los ciudadanos, los que pueden. Y paralizados los negocios y los políticos, todos. También los del gabinete, cuyos esfuerzos parecen empezar y terminar en las instrucciones de su jefe, renunciando a sus tareas de interlocución con “los otros”.

Es una insana distancia que alarma por el tono de los reclamos de los mandatarios estatales ante la insuficiencia de recursos para atender los enfermos y la falta de insumos en los hospitales. Y, sobre todo, por los oídos sordos del gobierno federal.

Es lamentable que, en medio de la incertidumbre de los ciudadanos por lo que vendrá en su salud y economía, el gobernador Aureoles no tenga otra manera de llamar la atención de la administración central que rechazando, en un video, la idea de que México sea “el basurero de los desechos de China”.

Sin embargo, alarma todavía más la respuesta del presidente López Obrador, quien batea olímpica y públicamente las peticiones de una docena de mandatarios estatales, los encargados de gobernar a la tercera parte de la República, bajo el argumento de que esas quejas carecen de sustento, que él tiene la consciencia tranquila porque sí hay apoyo suficiente para los hospitales.

Y para subrayar la alarma ante la insana distancia política, en sus declaraciones de ayer el Presidente advirtió que debemos prepararnos para que esos reclamos crezcan, a medida que se acerquen las elecciones de 2021.

De manera que ese apunte del presidente López Obrador debe entenderse como un atento aviso de que el portazo a las solicitudes de los gobiernos estatales será la pauta de la relación venidera y que, desde Palacio Nacional, ni en tiempos de pandemia habrá convocatorias al diseño de estrategias conjuntas que incorporen las inconformidades de los otros, así sean representantes también elegidos en las urnas.

Podrá decirse que polarizar y polarizar y polarizar es el estilo del Presidente desde que era el más importante líder social de México. Y que esa forma de administrar el conflicto y de procesarlo siempre será ganadora en un país con tanta desigualdad, millones de personas en condición de pobreza y tantos empresarios y políticos opositores con cola qué pisar, por corruptelas de diversos tamaños y colores.

El problema ahora, con esa tesis de que el pleito siempre termina por acomodar las piezas a favor del estratega, es que estamos ante una situación inédita que obliga a quienes gobiernan a tomar los mejores instrumentos del Estado para preservar la salud, la vida y la economía de la gente, no de los aparatos administrativos.

Una situación inédita que esta semana sumó a dos gobernadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a los reclamos por el desabasto médico COVID-19: Miguel Barbosa Huerta, de Puebla, y Jaime Bonilla Valdez, de Baja California, quien este lunes confirmó que la denuncia de Eugenio Derbez de los médicos sin cubrebocas respondía a la verdad y ayer se fue duro en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al que calificó de actuar con mezquindades, engañando al presidente López Obrador en el manejo de las cifras y la garantía del abasto. ¿También a ellos les dirán que sus quejas son meras percepciones?

Pedía anoche, en tono desesperado, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, en representación de sus compañeros del PAN, una respuesta a los que hacen política en la 4T. Y llamaba al canciller Marcelo Ebrard y al coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, a ejercer su oficio.

Un grito de auxilio que buscaba romper la insana distancia política en tiempos del COVID-1.

Por Ivonne Melgar/Retrovisor

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Farmacéuticas: la corrupción nunca combatida

2020-08-01 16:03:10 | El Pionero

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Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.


    

La aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones del Sector Público en el Congreso es un capítulo más de una trama que ilustra la épica política de un gobierno que, afanado en atacar la plaga de la corrupción, lleva 20 meses de erráticas fumigaciones.

Es una historia que retrata la prisa y el voluntarismo con el que se ha pretendido resolver el heredado problema del abasto de medicamentos que, con cada presunta solución mágica, se ha ido agravando.

Frente al desastre profundizado en el inicio del sexenio, cuando la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, prometió compras consolidadas, ahora se anuncia el fin del monopolio de las farmacéuticas que, se asegura, venían saboteando al gobierno.

Esa retórica promete, una vez más, la solución definitiva del desabasto, gracias a las adquisiciones, a mejores precios y mayor calidad, de los insumos de salud en el extranjero, con el apoyo de Naciones Unidas, OPS y OMS.

Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.

“Sin haber explicado razones claras, el Presidente ha desatado una persecución contra la industria farmacéutica, con un ánimo de venganza que multiplicará el tema del desabasto”, advirtió el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD).

Entre ambos escenarios, el de la victoria de cambio de régimen que sometió a los neoliberales y el de la escasez que vendrá, se encuentra el estratega Presidente que no quita el dedo del renglón: quiere comprar bueno y barato, que los empresarios le entren a la austeridad de sus ganancias.

Pero sin pruebas ni investigaciones que castiguen penal y administrativamente a los corruptos, López Obrador quiere poner de rodillas a un sector que igual agrupa a cinco distribuidoras millonarias que se repartían a su gusto el mercado, que a 250 laboratorios con 100 mil trabajadores, pasando por inversionistas serios y políticos sin escrúpulos que cabildeaban adjudicaciones para IMSS, ISSSTE y gobiernos estatales, quedándose con su respectiva comisión.

Y en la espera de que ese sector se rinda, se le ofreció una salida. La formuló el diputado Oscar González Yañez (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que al vapor aprobó el dictamen de la reforma: “Esta también es una oportunidad para que los empresarios de la industria farmacéutica se pongan a tono a lo que pueden vender dentro de nuestro país”.

Y para esta tarea, el Presidente creará una distribuidora estatal de medicinas a cargo de David León, coordinador de Protección Civil, el hombre de las confianzas del senador Manuel Velasco, quien lo envió desde Chiapas cuando era gobernador para apoyar al presidenciable de Morena en la logística de su campaña, el mismo que fue responsable de las relaciones públicas del PVEM en tiempos del Pacto por México. 

Es un encargo monumental, similar al que Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles consiguieron en la Secretaría de Salud, durante el sexenio de Zedillo al impulsar el mercado de medicamentos genéricos.

Pero López Obrador opta por un cuadro administrativo, después de que en esta aún infructuosa batalla por las medicinas baratas, quedaron en el camino funcionarios que no pudieron con el tema: Germán Martínez, quien renunció a la dirección del IMSS por el austericidio; y el exsecretario Carlos Urzúa, quien huyó, entre otras cosas, del voluntarismo y del hacha presupuestal de la ahora titular del SAT.

Paradójicamente, hubo otro entusiasta de la limpia de la industria que acabó enredado en sus negocios de medicinas: Carlos Lomelí Bolaños, el exdelegado gubernamental en Jalisco, señalado por Mexicanos contra la Corrupción por sus enjuagues con el sector público.

Resulta explicable que el Presidente no recurra a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Cofepris, la instancia que en vez de construir un plan para eliminar a las distribuidoras mafiosas y negociar con los laboratorios nuevos convenios, le cerró las puertas durante año y medio a 90 innovaciones farmacéuticas.

Certero en su diagnóstico sobre la voracidad monopólica, López Obrador puso el tema sobre la mesa desde el primer encuentro con su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Sin atinarle nunca al tratamiento, el gobierno fue a la India, dispensó certificados de buena calidad, trajo batas chinitas que se rompían como kleenex, comparó la delicada distribución de medicinas con litros de Coca-Cola, filtró el nombre del priista Roberto Madrazo como representante de los políticos voraces…

 

Pero la plaga siguió ahí. Y a falta de fumigadores y venenos efectivos, ahora el gobierno quiere quemar el bosque.

Quizá es una mala metáfora.

También podría tratarse de una peligrosa forma de gobernar.

Por Ivonne Melgar/Retrovisor

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