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Humillación a López Obrador

2019-10-21 15:23:37 | El Pionero

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La operación para capturar a Ovidio Guzmán López el jueves pasado en Culiacán, fracasó antes de empezar. No nos entrampemos en la discusión moral sobre si fue correcta o no la decisión presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su liberación para salvar vidas –de eso hablaremos mañana-, porque oculta la magnitud y profundidad de la acción de un gobierno que llevaron a esa disyuntiva, y perfila lo ominoso del futuro. Como dice una experta en temas de seguridad, “las vidas no se salvan el día de la operación, sino de la planeación”. El jueves 17 de octubre definirá en muchos sentidos al gobierno de López Obrador.


    

Investigar a los mandos que ejecutaron la operación en campo, como anunció el gobierno el fin de semana, es un acto de cinismo que elude a la autocrítica y busca salvar la cabeza de los verdaderos responsables del desastre, que fue el gabinete de seguridad y, al avalar sus recomendaciones, del presidente mismo. La operación para capturar a Guzmán López se hizo por petición del gobierno de Estados Unidos para efectos de extradición. Por eso fue encabezada por agentes de la Fiscalía General apoyados por la DEA –primer anomalía, sobre la actuación en campo de agentes extranjeros-, con el respaldo táctico de la Guardia Nacional y el Ejército. 

 

¿Qué falló? 

1.- Culiacán, como otras ciudades de alta presencia criminal, está llena de halcones, que informan de cualquier movimiento sospechoso. Por tanto, cometió el gabinete de seguridad errores que no se dieron en el pasado al planear la captura de un objetivo de alto impacto:

a) No incorporar personal de la plaza, con lo cual evitaban filtraciones o ser     sometidos a chantajes, como sucedió con la privación de la libertad de familiares de militares que participaban en la operación.

b) Intervención hormiga. En el pasado, los comandos especiales que realizaban la operación, llegaban a la plaza clandestinamente, uno por uno, o en grupos menores de tres, en vehículos privados para evitar ser detectados. No partían de las instalaciones federales que siempre están bajo vigilancia.

c) Inteligencia. El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían en dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del Cártel de Sinaloa en caso de una contingencia como la que enfrentaron. La desarticulación fue tan notoria, que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió, involuntaria o deliberadamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación.

2.- Ese tipo de operaciones se planea bajo la presunción de que se va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrán que abrirse el paso a fuego. Para ello se requiere:

d) Elemento de sorpresa. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende y los halcones dieron cuenta perfecta de él.

 e) Control de las comunicaciones. Por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del Cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones telefónicas o de radio de la organización criminal.

f) Capacidad de fuego. Como admitió el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo. Inaceptable como argumento; imperdonable en la estrategia. Tampoco utilizaron los Blackhawks, que dejaron en tierra por temor a que se los derribaran. La falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre, al ignorar el gabinete de seguridad que son helicópteros de guerra y tienen blindaje para ello.

g) No hubo plan de extracción. Esta es una de las pruebas más fehacientes del incompetente plan. ¿A alguien en ese gabinete se le ocurrió que tendrían que sacar a su objetivo de manera rápida y segura de Culiacán?

La captura telegrafiada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo, hizo imposible concluirlo. En un video de la Secretaría de la Defensa que comenzó a circular el viernes, dejó claro que los soldados cumplieron con la misión de capturarlo. Lo que sucedió después, sugieren claramente, no fue responsabilidad de los militares. Guzmán López fue llevado a las oficinas de la Fiscalía en Culiacán, donde los cercaron. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa estableció dos perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Culiacán y tomaron el aeropuerto, para frenar cualquier acción de apoyo. Es decir, hicieron lo que la operación debió de haber considerado y no hicieron. Bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados, con el mismo propósito.

El Cártel de Sinaloa también le ganó la narrativa al gobierno federal. Los secretarios de la Defensa y de Seguridad, Alfonso Durazo, se contradijeron desde el mismo jueves, y el choque de versiones continuó al día siguiente. El presidente López Obrador desmintió y corrigió a ambos. Nunca hubo un grupo de crisis y el responsable de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, volvió a mostrar su incompetencia al no ordenar el mensaje. Atascado en propaganda y difamaciones, no supo cómo contrarrestar la desinformación criminal. En cambio, el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, padre del detenido, fue quien orientó desde el jueves la información y ofreció una conferencia de prensa el viernes para agradecer al presidente su “humanitarismo”. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió impedir la conferencia, pero nunca supieron cómo. 

Militar, política y mediáticamente, el Cártel de Sinaloa humilló, chantajeó y derrotó al gobierno federal. La liberación de Ovidio Guzmán López la negoció directamente su hermano Iván, quien fijó las condiciones y los términos de la rendición. El presidente López Obrador justificó que dejarlo en libertad evitó un baño de sangre, pero ni siquiera supo lo que confesó, lo que provocó y las consecuencias que tendrá su decisión.

Publicado por Raymundo Riva Palacio/Estríctamente personal

 

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Farmacéuticas: la corrupción nunca combatida

2020-08-01 16:03:10 | El Pionero

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Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.


    

La aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones del Sector Público en el Congreso es un capítulo más de una trama que ilustra la épica política de un gobierno que, afanado en atacar la plaga de la corrupción, lleva 20 meses de erráticas fumigaciones.

Es una historia que retrata la prisa y el voluntarismo con el que se ha pretendido resolver el heredado problema del abasto de medicamentos que, con cada presunta solución mágica, se ha ido agravando.

Frente al desastre profundizado en el inicio del sexenio, cuando la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, prometió compras consolidadas, ahora se anuncia el fin del monopolio de las farmacéuticas que, se asegura, venían saboteando al gobierno.

Esa retórica promete, una vez más, la solución definitiva del desabasto, gracias a las adquisiciones, a mejores precios y mayor calidad, de los insumos de salud en el extranjero, con el apoyo de Naciones Unidas, OPS y OMS.

Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.

“Sin haber explicado razones claras, el Presidente ha desatado una persecución contra la industria farmacéutica, con un ánimo de venganza que multiplicará el tema del desabasto”, advirtió el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD).

Entre ambos escenarios, el de la victoria de cambio de régimen que sometió a los neoliberales y el de la escasez que vendrá, se encuentra el estratega Presidente que no quita el dedo del renglón: quiere comprar bueno y barato, que los empresarios le entren a la austeridad de sus ganancias.

Pero sin pruebas ni investigaciones que castiguen penal y administrativamente a los corruptos, López Obrador quiere poner de rodillas a un sector que igual agrupa a cinco distribuidoras millonarias que se repartían a su gusto el mercado, que a 250 laboratorios con 100 mil trabajadores, pasando por inversionistas serios y políticos sin escrúpulos que cabildeaban adjudicaciones para IMSS, ISSSTE y gobiernos estatales, quedándose con su respectiva comisión.

Y en la espera de que ese sector se rinda, se le ofreció una salida. La formuló el diputado Oscar González Yañez (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que al vapor aprobó el dictamen de la reforma: “Esta también es una oportunidad para que los empresarios de la industria farmacéutica se pongan a tono a lo que pueden vender dentro de nuestro país”.

Y para esta tarea, el Presidente creará una distribuidora estatal de medicinas a cargo de David León, coordinador de Protección Civil, el hombre de las confianzas del senador Manuel Velasco, quien lo envió desde Chiapas cuando era gobernador para apoyar al presidenciable de Morena en la logística de su campaña, el mismo que fue responsable de las relaciones públicas del PVEM en tiempos del Pacto por México. 

Es un encargo monumental, similar al que Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles consiguieron en la Secretaría de Salud, durante el sexenio de Zedillo al impulsar el mercado de medicamentos genéricos.

Pero López Obrador opta por un cuadro administrativo, después de que en esta aún infructuosa batalla por las medicinas baratas, quedaron en el camino funcionarios que no pudieron con el tema: Germán Martínez, quien renunció a la dirección del IMSS por el austericidio; y el exsecretario Carlos Urzúa, quien huyó, entre otras cosas, del voluntarismo y del hacha presupuestal de la ahora titular del SAT.

Paradójicamente, hubo otro entusiasta de la limpia de la industria que acabó enredado en sus negocios de medicinas: Carlos Lomelí Bolaños, el exdelegado gubernamental en Jalisco, señalado por Mexicanos contra la Corrupción por sus enjuagues con el sector público.

Resulta explicable que el Presidente no recurra a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Cofepris, la instancia que en vez de construir un plan para eliminar a las distribuidoras mafiosas y negociar con los laboratorios nuevos convenios, le cerró las puertas durante año y medio a 90 innovaciones farmacéuticas.

Certero en su diagnóstico sobre la voracidad monopólica, López Obrador puso el tema sobre la mesa desde el primer encuentro con su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Sin atinarle nunca al tratamiento, el gobierno fue a la India, dispensó certificados de buena calidad, trajo batas chinitas que se rompían como kleenex, comparó la delicada distribución de medicinas con litros de Coca-Cola, filtró el nombre del priista Roberto Madrazo como representante de los políticos voraces…

 

Pero la plaga siguió ahí. Y a falta de fumigadores y venenos efectivos, ahora el gobierno quiere quemar el bosque.

Quizá es una mala metáfora.

También podría tratarse de una peligrosa forma de gobernar.

Por Ivonne Melgar/Retrovisor

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