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Militares y policías, inermes

2019-10-16 17:02:20 | El Pionero

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Mientras maneja su Uber hacia el aeropuerto capitalino, Antonio relata que hasta hace poco era miembro de la Armada de México. Pidió su baja, dice, cuando supo que su unidad sería enviada a Tamaulipas. Y no fue por miedo a un enfrentamiento, asegura. “A los marinos nos entrenan bien y sabemos que en cualquier momento podemos estar en una situación así y qué hacer en esos casos…”


    

—¿Entonces por qué?

—Nos ponían demasiadas restricciones para defendernos en caso de ser atacados. Por ejemplo, nos prohibieron andar armados estando francos. Ya eran muchos compañeros que regresaban en bolsas o a los que nadie volvía a ver. Así que medí el peligro, pensé en mi familia y mejor me di de baja. Y hoy estoy aquí, al volante.

Antonio –quien prefiere no proporcionar su apellido– dice que conoce a muchos marinos en la misma situación. “O ya se dieron de baja o están pensándolo. Y no es por falta de cariño a la institución, créame, sino por ese tipo de órdenes, que sólo ponen en peligro al personal”.

Es evidente que la estrategia del gobierno federal para hacer frente a la seguridad ha limitado la posibilidad de soldados, marinos y miembros de la Guardia Nacional para defenderse de ataques. Y la imagen que se ha creado, de militares a los que se prohíbe defenderse, está poniendo en peligro a los encargados de la seguridad en todo el país.

Han sido comunes, en semanas recientes, las escenas de militares que se han quedado casi estáticos ante las agresiones de civiles que buscan correrlos de sus comunidades o que han optado por la retirada a pesar de haber atestiguado hechos delictivos. Se puede presumir que, en muchos casos, los agresores están coludidos con delincuentes.

Las órdenes que llegan de arriba obligan a los militares a aceptar humillaciones, como insultos y empujones, e incluso se dañen los vehículos en los que viajan. Quienes elaboran esas instrucciones parecen preferir que se afecte el prestigio de las Fuerzas Armadas, pero que a ningún militar se le vaya un tiro y se genere un escándalo que haga ver al gobierno como represor. En meses recientes hemos visto cómo aumenta el desorden y la comisión de delitos callejeros. El gobierno federal parece despreocupado por ello porque su hipótesis es que las violaciones a la ley son producto exclusivo de la desigualdad social y apuesta por contenerlas con base en el apoyo que le profesan los sectores populares y los subsidios que pueda darles para serenarlos.

No estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pues el crimen tiene muchas otras fuentes y explicaciones. Pero, incluso de ser cierto, ¿qué pasará cuando ese apoyo se termine o si el dinero público no alcanza para todos los programas sociales?

Por si fuera poco, los elementos de seguridad pública no sólo tienen que preocuparse por los cálculos políticos de sus jefes, sino también por la legislación en materia de uso de la fuerza.

Ésta resulta muy difícil de entender y poner en práctica, según me ha dicho Daniel Gómez-Tagle, especialista en la materia, a quien he entrevistado muchas veces para Imagen Radio.

  Soldados, marinos, guardias nacionales y policías no sólo tienen que preocuparse por la estabilidad de su empleo, en caso de que su respuesta a una agresión de criminales provoque un escándalo en redes sociales, sino que además podrían enfrentar consecuencias legales si esa respuesta es “desproporcionada” a juicio de quien aplique la ley.

En suma, la actual estrategia gubernamental ha maniatado a las fuerzas del orden, las cuales no parecen contar con el apoyo de la autoridad, para la que la masacre de policías como la de esta semana en Michoacán no es algo fuera de lo normal, pues “sucede todos los días”.

Pscal Beltrán del Río/Bitácora del director

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Farmacéuticas: la corrupción nunca combatida

2020-08-01 16:03:10 | El Pionero

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Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.


    

La aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones del Sector Público en el Congreso es un capítulo más de una trama que ilustra la épica política de un gobierno que, afanado en atacar la plaga de la corrupción, lleva 20 meses de erráticas fumigaciones.

Es una historia que retrata la prisa y el voluntarismo con el que se ha pretendido resolver el heredado problema del abasto de medicamentos que, con cada presunta solución mágica, se ha ido agravando.

Frente al desastre profundizado en el inicio del sexenio, cuando la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, prometió compras consolidadas, ahora se anuncia el fin del monopolio de las farmacéuticas que, se asegura, venían saboteando al gobierno.

Esa retórica promete, una vez más, la solución definitiva del desabasto, gracias a las adquisiciones, a mejores precios y mayor calidad, de los insumos de salud en el extranjero, con el apoyo de Naciones Unidas, OPS y OMS.

Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.

“Sin haber explicado razones claras, el Presidente ha desatado una persecución contra la industria farmacéutica, con un ánimo de venganza que multiplicará el tema del desabasto”, advirtió el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD).

Entre ambos escenarios, el de la victoria de cambio de régimen que sometió a los neoliberales y el de la escasez que vendrá, se encuentra el estratega Presidente que no quita el dedo del renglón: quiere comprar bueno y barato, que los empresarios le entren a la austeridad de sus ganancias.

Pero sin pruebas ni investigaciones que castiguen penal y administrativamente a los corruptos, López Obrador quiere poner de rodillas a un sector que igual agrupa a cinco distribuidoras millonarias que se repartían a su gusto el mercado, que a 250 laboratorios con 100 mil trabajadores, pasando por inversionistas serios y políticos sin escrúpulos que cabildeaban adjudicaciones para IMSS, ISSSTE y gobiernos estatales, quedándose con su respectiva comisión.

Y en la espera de que ese sector se rinda, se le ofreció una salida. La formuló el diputado Oscar González Yañez (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que al vapor aprobó el dictamen de la reforma: “Esta también es una oportunidad para que los empresarios de la industria farmacéutica se pongan a tono a lo que pueden vender dentro de nuestro país”.

Y para esta tarea, el Presidente creará una distribuidora estatal de medicinas a cargo de David León, coordinador de Protección Civil, el hombre de las confianzas del senador Manuel Velasco, quien lo envió desde Chiapas cuando era gobernador para apoyar al presidenciable de Morena en la logística de su campaña, el mismo que fue responsable de las relaciones públicas del PVEM en tiempos del Pacto por México. 

Es un encargo monumental, similar al que Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles consiguieron en la Secretaría de Salud, durante el sexenio de Zedillo al impulsar el mercado de medicamentos genéricos.

Pero López Obrador opta por un cuadro administrativo, después de que en esta aún infructuosa batalla por las medicinas baratas, quedaron en el camino funcionarios que no pudieron con el tema: Germán Martínez, quien renunció a la dirección del IMSS por el austericidio; y el exsecretario Carlos Urzúa, quien huyó, entre otras cosas, del voluntarismo y del hacha presupuestal de la ahora titular del SAT.

Paradójicamente, hubo otro entusiasta de la limpia de la industria que acabó enredado en sus negocios de medicinas: Carlos Lomelí Bolaños, el exdelegado gubernamental en Jalisco, señalado por Mexicanos contra la Corrupción por sus enjuagues con el sector público.

Resulta explicable que el Presidente no recurra a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Cofepris, la instancia que en vez de construir un plan para eliminar a las distribuidoras mafiosas y negociar con los laboratorios nuevos convenios, le cerró las puertas durante año y medio a 90 innovaciones farmacéuticas.

Certero en su diagnóstico sobre la voracidad monopólica, López Obrador puso el tema sobre la mesa desde el primer encuentro con su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Sin atinarle nunca al tratamiento, el gobierno fue a la India, dispensó certificados de buena calidad, trajo batas chinitas que se rompían como kleenex, comparó la delicada distribución de medicinas con litros de Coca-Cola, filtró el nombre del priista Roberto Madrazo como representante de los políticos voraces…

 

Pero la plaga siguió ahí. Y a falta de fumigadores y venenos efectivos, ahora el gobierno quiere quemar el bosque.

Quizá es una mala metáfora.

También podría tratarse de una peligrosa forma de gobernar.

Por Ivonne Melgar/Retrovisor

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