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La prensa no es el enemigo

2019-04-28 12:47:57 | El Pionero

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La disputa del gobierno de AMLO por el control de la agenda pública ha derivado en un nuevo factor de riesgo para la prensa. La descalificación a medios como “conservadores” y fifís abre un nuevo flanco en un país donde son blanco de poderes formales e informales.


    

Aunque se quiere justificar desde el poder como un cambio en la relación, ni siquiera los mecanismos de intercambio se han modificado. A pesar de mayor transparencia y austeridad, el diálogo público se ha empobrecido, comenzando por las redes sociales.

En la “arena” pública del debate se habla de apertura para dar y recibir críticas sin censura, como asegura cada tanto el Presidente, pero en la práctica conserva grandes terrenos de discrecionalidad en el manejo de viejos recursos como la publicidad oficial para premiar o castigar a críticos. Así, sin mayor transformación en mecanismos tradicionales como ése, hay también nuevas maneras de presión como implica poner el peso del Estado con el señalamiento público a algún medio o periodista.

Pero la relación es asimétrica. El gobierno concentra el mayor poder de las últimas dos décadas. La descalificación a preguntas incómodas o a medios deviene en amenazas, que se quieren hacer pasar como derecho de réplica de la autoridad. La estigmatización desde el poder de unos u otros polariza y debilita el compromiso constitucional del Estado de proteger la libertad de expresión en un contexto de medios vulnerable al crimen y dependientes de los recursos públicos para sobrevivir.

Con relación a la publicidad oficial, el Presidente reiteró un recorte de 50% respecto al monto de 2018. También ofreció transparencia en la distribución y evitar su concentración, pero sin una política pública que regule su aumento y los criterios para su distribución. El gobierno mantiene márgenes de discrecionalidad similares a los gobiernos anteriores, que llegaron a gastar 70% más de lo aprobado.

La misma potestad que mantiene del pasado es que tampoco está sujeto a ningún compromiso ni de regularidad ni garantía de que se cumpla su ofrecimiento de no usar la publicidad como mecanismo de control. Su oferta de transparencia radica en criterios generales como el alcance y cobertura de los medios, pero sin certidumbre sobre las mediciones. Con valoraciones como la objetividad y el grado de profesionalismo, abre la puerta a la intervención en las líneas editoriales para silenciar, así como a la “censura ambiental”.

Ningún gobierno de la transición accedió a regular la publicidad, ni siquiera la llamada “Ley Chayote”; aseguran inhibir su uso como el “palo y la zanahoria” del intercambio con los medios. Aunque las nuevas medidas son un paso en la dirección correcta, se producen en un momento de inquietud por la confrontación del Ejecutivo y la inseguridad en el gremio. Las conferencias mañaneras han hecho obsoletas viejas prácticas como las llamadas a las redacciones para pedir el cambio de titulares, pero la retórica oficial contra la prensa adquiere el tono de comités de salud pública más que de diálogo, información y rendición de cuentas.

Las descalificaciones, críticas y rechiflas se reproducen luego en las redes en campañas de linchamiento, que parecen operar con la acción de bots de propaganda. Lo mismo ha reclamado el Presidente al pedir a empresarios que por ética no vendan bots, cuando su gobierno o su esposa han sentido ser objeto de ataques de estos en las redes. Es hora de desenredar este enredo.

José Buendía Hegewisch/Hora cero

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Yo no fui, fue el ex

2019-05-19 19:05:39 | El Pionero

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Errar es de humanos, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía, y en ese sentido los políticos pecan de humanidad. Culpar a los gobiernos anteriores de los problemas que enfrenta una autoridad es un derecho consagrado en la Constitución Universal de los Políticos de todo el mundo y como tal, todos echan mano de ese recurso.


    

Sin embargo, a diferencia de otros derechos, éste sí tiene fecha de caducidad porque tarde o temprano la gente dejará de comprar el argumento de que todas las desgracias que están cayendo en el país, estado o ciudad se deben al pasado. Pues, precisamente, se votó por un cambio, no para seguir igual.

¿Cuánto le dura a un gobernante la facultad de echar mano de este viejo recurso? Depende de varios factores: Si el gobernante en turno emana del mismo partido que el anterior, evidentemente se ve más limitado a culpar a sus antecesores, aun cuando sean de corrientes distintas. Sin embargo, si resulta que son de institutos políticos distintos ¡Eureka! La cosa se pone buena. También influye la credibilidad del político que usa este derecho para explicar su propia incapacidad de resolver las cosas. Si Peña Nieto, cuya imagen se deterioró rápidamente, hubiera insistido en culpar a Calderón de sus males, se lo hubieran comido vivo. López Obrador, sin embargo, cinco meses después de haber tomado el cargo, se da vuelo de culpar no sólo al gobierno anterior, sino también a todos, casi casi desde Plutarco Elías Calles y la gente piensa que es así.

Pero ojo, que López Obrador lo pueda hacer no significa que todos tengan su misma suerte. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por ejemplo, quiso aplicar el mismo discurso cuando estalló la contingencia ambiental señalando que la anterior administración no había dejado protocolos de actuación ante las diabólicas PM2.5 y el resultado fue una carcajada generalizada.

Y es que Claudia Sheinbaum llegó de la mano y con la bendición del tabasqueño, pero no tiene ni su carisma ni su blindaje, ella sí le tiene que talachear porque la gente le recuerda que ella fue secretaria de Medio Ambiente, experta en estos temas.

Un tercer elemento es el uso reiterado y exagerado que se da para culpar a otros. Resulta creíble decir que la inseguridad y la violencia que se vive en el país es culpa de las malas decisiones y estrategias de los gobiernos pasados que alborotaron el panal sin ningún Plan B, pero culpar al neoliberalismo de las malas notas de las calificadoras internacionales hacia Pemex por las decisiones que está tomando la actual administración federal, raya en el abuso. Sería tanto como que el Gobierno de la Ciudad de México dijera que tampoco le dejaron protocolos para que el Popocatépetl no explotara o el manual para que las lluvias no se retrasaran, o que el cambio climático tiene la culpa de todos los incendios, sin reconocer que hubo un recorte en el presupuesto de la dependencia que estaba para evitar esas conflagraciones. Finalmente, un punto para saber cuánto tiempo de vigencia tendrá el derecho a culpar a otros, es lo que se prometió en campaña. Si como, por ejemplo Vicente Fox dijo que terminaría con el conflicto de los zapatistas en Chiapas en 15 minutos, y evidentemente no lo logró, el tiempo se recorta.

Es justo en este punto donde más tropiezan los gobernantes. Todos prometen cambios inmediatos, cosa que evidentemente no pueden cumplir. Es bien sabido que cuando en una crisis un político sonríe es que ya encontró a quién echarle la culpa y en México, los políticos son muy sonrientes. La falta de autocrítica y la repartición de culpas es memorable.

Vianey Esquinca/La inmaculada percepción

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