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Juez desafía a Trump; le prohíbe enviar migrantes a México

2019-04-08 18:14:45 | El Pionero

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Todos los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos deberán permanecer en ese país y no ser enviados a México como marcaba la política de Donald Trump


    

ESTADOS UNIDOS.

Un juez federal de San Francisco bloqueó el lunes la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan a que una corte escuche sus casos, pero la orden no entrará en vigor de forma inmediata.

El juez Richard Seeborg aprobó la solicitud de grupos defensores de los derechos civiles para suspender la práctica en lo que la demanda se abría paso en el sistema judicial. La decisión está suspendida hasta el viernes para darles tiempo a las autoridades federales de presentar una apelación.

El inicio de esta práctica en enero pasado en San Diego, la frontera más transitada del país, representó un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, dijeron autoridades gubernamentales y expertos en asilo. Por lo general, las familias que solicitaban asilo eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal.

El gobierno de Trump señala que la política se implementó en respuesta a una crisis en la frontera sur que ha superado la capacidad de las autoridades migratorias para detener a los migrantes. Un número cada vez mayor de familias huye de la pobreza y la violencia relacionada con las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

 

La demanda a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y de grupos activistas legales, afirma que el gobierno de Trump viola las leyes federales al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes en México.

También acusa a funcionarios migratorios y de Seguridad Nacional de privar a los migrantes de su derecho a solicitar asilo al complicarles o imposibilitarles el proceso.

Bajo la nueva política, a los solicitantes de asilo no se les otorgan intérpretes ni abogados, y no pueden presentar ante un juez sus argumentos de que enfrentan un posible riesgo de persecución o tortura en caso de ser devueltos a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), durante una audiencia en marzo pasado.

Seeborg lució escéptico del argumento de la demanda de que el gobierno aplicó erróneamente una ley federal que permite el envío de los migrantes de regreso a México. La ACLU y otros grupos de la parte acusadora señalan que la ley no aplica a solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente la frontera o llegan a los cruces fronterizos sin la documentación apropiada.

El juez también cuestionó el argumento del Departamento de Justicia de que los solicitantes de asilo que son devueltos a México no son elegibles para ciertas protecciones, como una audiencia ante un juez de migración.

 

El gobierno espera que al forzar a los solicitantes de asilo a esperar en México desaliente a quienes no tienen casos sólidos y ayude a desahogar los más de 800.000 casos pendientes en las cortes migratorias.

El abogado del Departamento de Justicia Scott Stewart señaló que existe un proceso para proteger a los inmigrantes que podrían enfrentar amenazas en México. Los 11 demandantes son representados por abogados y 10 de ellos ya comparecieron para sus procedimientos judiciales, declaró.

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza, el parámetro más utilizado para medir los cruces ilegales, han aumentado considerablemente durante el último año, pero permanecen en términos históricos relativamente bajos después de alcanzar su cifra más baja en 46 años en 2017.

El lanzamiento de la política se dio después de meses de negociaciones delicadas entre Estados Unidos y México. Los mexicanos y los menores que viajan sin compañía de un adulto están exentos de su aplicación.

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Arrestan en Albuquerque a líder paramilitar antimigrante

2019-04-22 10:27:17 | El Pionero

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Albuquerque.- Un grupo paramilitar de derecha que opera en el sur de Nuevo México, Patriotas Constitucionales Unidos, comenzó a detener a familias de migrantes y a arrestarlas a punta de pistola, para luego entregarlas a los agentes de la Patrulla Fronteriza.


    

El FBI anunció el sábado 20 de abril que había arrestado al líder de este grupo paramilitar, que fue ampliamente criticado por sus tácticas. Héctor Balderas, el fiscal general de Nuevo México, dijo que los agentes federales habían detenido a Larry Mitchell Hopkins, quien usaba el alias Johnny Horton Jr., por cargos de posesión de armas de fuego por un delincuente.

 

El cargo es relativamente menor, pero puede ser el comienzo de una investigación más profunda de sus actividades y las del grupo paramilitar; también abre una vía a las autoridades para acusarlo de cargos más graves, como secuestro y hacerse pasar por oficial de policía o empleado del gobierno estadounidense.

 

Desde hace tiempo, los paramilitares autoproclamados han operado a lo largo de la frontera con el propósito de detener el flujo de migrantes indocumentados a Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que se centren en la llegada reciente de familias, a quienes legalmente se les permite solicitar asilo y que por lo general se entregan de inmediato a los agentes de la Patrulla Fronteriza, ha sido objeto de críticas de los activistas de derechos humanos.

 

El 16 de abril, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunció las acciones del grupo paramilitar en una carta en la que les pedía a la gobernadora y al fiscal general de Nuevo México que investigaran al grupo. La ACLU argumentó que el grupo paramilitar carece de autoridad jurídica según las leyes federales y de Nuevo México para detener o arrestar migrantes en Estados Unidos.

 

“No podemos permitir que justicieros armados y racistas secuestren y detengan a los migrantes que buscan asilo”, mencionaron en la carta dos abogadas de la ACLU, María Martínez Sánchez y Kirsten Greer Love.

 

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, mencionó en una declaración que era “totalmente inaceptable” que las familias migrantes “sean de alguna manera amenazadas o estén bajo algún tipo de peligro cuando llegan a nuestra frontera”.

 

“Huelga decir que los ciudadanos civiles no tienen autoridad alguna para arrestar ni detener a nadie”, agregó.

 

Jim Benvie, vocero de los Patriotas Constitucionales Unidos, mencionó en una entrevista telefónica la semana pasada que su grupo llevaba dos meses acampando cerca de El Paso. Benvie sostuvo que las acciones del grupo eran legales y comparó la detención de los migrantes con un “arresto ciudadano verbal”.

 

“Solo estamos aquí para apoyar a la Patrulla Fronteriza y mostrarle a la gente la realidad de la frontera”, mencionó Benvie, de 43 años y quien llegó a Nuevo México hace poco proveniente de Minnesota. En dicha entrevista, dijo que la organización planeaba quedarse en la frontera hasta que se construyera el muro propuesto por el presidente Donald Trump o hasta que el Congreso de Estados Unidos cambiara las leyes migratorias para dificultar a los migrantes la solicitud de asilo. Benvie no respondió el sábado al pedirle que comentara sobre el arresto de Hopkins.

 

El grupo paramilitar aumentó recientemente sus actividades en Nuevo México y otros estados, mientras las autoridades luchan para responder al aumento repentino de familias centroamericanas, que en marzo resultaron en el arresto de más de 92.000 personas en la frontera.

En la entrevista de la semana pasada, Benvie se negó a especificar cuántos de sus miembros se encontraban en Sunland Park. Mencionó que el grupo incluía gente con experiencia militar o policial.

“Si esta gente obedece las órdenes que le damos, los detenemos hasta que llega la Patrulla Fronteriza”, explicó Benvie. “La Patrulla Fronteriza nunca nos ha pedido que dejemos de actuar”.

El FBI informó en una declaración que el departamento de la policía de Sunland Park colaboró con el arresto de Hopkins, quien se espera que se presente el lunes 22 de abril en la Corte Federal de Distrito de Las Cruces, Nuevo México.

Hopkins, cuya residencia está en Flora Vista, en el noroeste de Nuevo México, ya estaba bajo escrutinio de grupos que monitorean a paramilitares de derecha en Estados Unidos. En 2006 se le acusó de hacerse pasar por un funcionario y por posesión de armas, según The Daily Beast

A pesar de las críticas por sus operaciones en Nuevo México, Patriotas Constitucionales Unidos, liderado por Hopkins, mantiene un gran alcance en Facebook y YouTube. Las respuestas a los videos de Facebook del grupo paramilitar incluyen una serie de descripciones hostiles o racistas de los solicitantes de asilo.

The New York Times

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