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Militarización, seguridad pública sin máscara

2018-11-18 16:24:20 | El Pionero

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Dos anuncios trascendentes esta semana disponen dejar de andarse por las ramas y chocar con la cruenta realidad. Como la opción menos “inconveniente”, López Obrador reveló su plan de seguridad, que tiene el valor de dejar de disimular la militarización de la seguridad pública como tendencia creciente de los últimos gobiernos. Si bien el paso al frente fue orillado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desechar la Ley de Seguridad Interior como un fraude constitucional con que se pretendía regular la presencia de los militares en las calles en la persecución del delito, el momento es ese del carnaval, cuando el anfitrión pide ¡fuera máscaras!


    

¡Esto es lo que hay!, dice Alfonso Durazo. Dejar de representar algo que no sucederá tiene la ventaja de conocer los verdaderos objetivos del próximo gobierno: teme, sobre todo, que la violencia lo rebase y la inseguridad lo lleva a retirar la idea del regreso paulatino de los militares —como López Obrador ofreció en campaña—, aunque no haya evidencia de que su presencia reduzca la violencia. Por el contrario, la nueva estrategia profundizaría la militarización, pero ahora ya sin la promesa de que el combate al delito regrese algún día al ámbito civil.

 

Su oferta de pacificar al país apuesta por la fuerza como la opción menos mala ante la “descomposición” y la ineficacia de las policías para “garantizar la seguridad”, para las cuales, sin embargo, no hay ni una línea de futuro.

 

La justificación es la misma de gobiernos anteriores para involucrar a los militares en la seguridad pública, pero, a diferencia de ellos, sin la careta de la “excepcionalidad” hasta el relevo por policías capacitados y profesionales. Dicho de otro modo, la creación de un mando castrense que integre a policías militares y civiles implica el reconocimiento del fracaso de autoridades federales y estatales de reformar las policías, incluso, a la principal corporación de la PFP, que quedaría subsumida bajo el paraguas de una nueva Guardia Nacional.

 

Éste sería un paso más en la misma dirección de los gobiernos anteriores de consolidar el peso fundamental de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen, aunque ahora, incluso, con la cobertura de una reforma constitucional que legalice su actuación de facto o evite disfraces legales para esconder su función. ¿Cuál diferencia con el anterior modelo de seguridad?

 

Pero la clarificación del planteamiento no podría explicarse sin el papel de la Corte que, como contrapeso institucional, estableció los términos del debate sobre la responsabilidad de la seguridad en el juicio de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

 

Aunque es difícil de creer en las coincidencias en política, su declaración de invalidez obliga a López Obrador a buscar la reforma constitucional para su plan de seguridad, como condición para superar el mandato de la Corte de que la seguridad pública esté en manos de civiles, salvo cuando, expresamente, haya una declaración de guerra o de suspensión de garantías, como precisó el ministro José Ramón Cossío.

 

El fallo también es un apercibimiento de los riesgos de la permanencia del Ejército para los derechos humanos, e incompatible con la democracia.

 

El fallo deja en manos del nuevo gobierno, y de Morena en el Congreso, la responsabilidad de abrir a los militares las fronteras del poder civil, ya no como una situación transitoria, sino como parte de una profunda remodelación de las instituciones de seguridad y procuración de Justicia. Al mismo tiempo que un varapalo al gobierno y a la anterior legislatura por tratar de burlar a la Constitución con la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior tramposa.

 

Tanto el fallo como los términos del plan ponen las cartas en la mesa sobre la discusión del modelo de seguridad. Ya no se trata de medidas que constituyen una excepción de la regla ante una situación extraordinaria, como justificó Calderón la salida de los soldados de los cuarteles y prorrogó Peña Nieto, con los mismos malos resultados que su antecesor, para contener la violencia o reducir el crimen, sino de una definición política que afectará, en la forma y en el fondo, los límites de los derechos de la democracia.

Por: José Buendía Hegewisch

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Un pueblo que huele a gasolina

2019-01-21 15:18:12 | El Pionero

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SAN PRIMITIVO, Hgo.- A la vera del camino que comunica las cabeceras municipales de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, justo donde comienza un sembradío de alfalfa, la familia Estrada encontró un dedo y unos mechones de cabello.


    

“Venga”, me llaman. “Es increíble lo mal que hacen su trabajo”, me dice Fernando Estrada, tío de Iván, un joven que convalece, inconsciente, en el Hospital Regional del IMSS en Pachuca, luego de sufrir graves quemaduras por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos, el viernes por la noche.

“Ese dedo y ese pelo deberían estarlos analizando ahora mismo para poder identificar a las personas que murieron o están en coma en los hospitales”, me dice con una mueca de desesperación. Fernando aún busca a otro sobrino, Hugo Olvera Bautista, un muchacho de 13 años, de quien no se sabe nada desde el viernes y que había llegado con su primo Iván, desde Presas, comunidad del municipio de Tezontepec, a seis kilómetros de distancia. En toda la región se había corrido la voz de que “estaban regalando gasolina”.

Hubo casi cuatro horas para evitar la muerte de decenas de personas. De acuerdo con el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, la Sedena dio aviso de la fuga a las 14:30 horas. Los testimonios recogidos indican que los soldados y policías enviados aquí advirtieron a los pobladores sobre los riesgos que corrían al acercarse a la zona de la fuga de combustible, pero nunca se los prohibieron. “Eso, la gente lo entendió como un permiso para pasar”, me dice una mujer, quien ese día se retiró del lugar antes de la explosión.

A 150 metros al poniente, cruzando el sembradío, está la zona cero de la tragedia que, hasta el momento de escribir estas líneas, ha dejado 85 fallecidos y más de 50 heridos.

El punto exacto por donde brotó un géiser de combustible está ahora cubierto por tierra, luego de que bomberos y personal de Pemex lograran apagar el incendio, cerca de la media noche de ese día. Se trata de una zanja que divide los municipios de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan. De uno y otro lado hay campos de cultivo. Me llama la atención que un tramo del ducto Tuxpan-Tula corra justo debajo de esa zanja, que ha sido habilitada como canal de riego. Le pregunto por qué a un grupo de pobladores que, como yo, observa los vestigios del infierno: yerba y árboles calcinados, cubetas derretidas, celulares reventados por el calor, ropa y zapatos chamuscados…

“Primero colocaron el ducto y ya luego apareció la zanja”, me dice uno de ellos. “Señor —interviene otro—, andan diciendo que ese ducto recién lo picaron, pero no es verdad. Nosotros, que vivimos acá, lo sabemos. Tiene de menos cinco años que lo estaban ordeñando”.

Bajo al fondo de la zanja, donde a simple vista se percibe un burbujeo, no lejos de donde el ducto expuesto fue cubierto en tierra. Los pies se hunden. Al tocar el suelo, éste despide el inconfundible olor de la gasolina. La fuga de combustible continúa. Un tercer interlocutor refiere que dos o tres veces por semana llegaba un camión con pacas y se estacionaba justo en el punto donde ocurrió la explosión. El conductor y sus acompañantes hacían como que revisaban el sembradío. Oculto por el camión, uno de ellos llenaba bidones con gasolina, usando una manguera conectada al ducto.

Le pregunto qué pasó el viernes. “Yo creo que se les reventó la válvula, no sé… Y empezó a salir un chorro de gasolina a presión. Eso fue poco antes de las tres de la tarde. Para las cinco, ya había llegado mucha gente con cubetas y garrafones. Y no sólo de aquí, sino de muchos pueblos de los alrededores”.

Camino cruzando el sembradío de alfalfa. El cultivo estaba listo para recolectarse, pero lo que no se quemó quedó aplastado por la estampida humana. Personas con las ropas en llamas dejaron ahí regadas sus pertenencias.

A 36 horas de la explosión del ducto, los peritos estatales y federales organizan una nueva búsqueda de evidencias. Me queda la impresión de que la zona del siniestro no ha sido debidamente protegida, como muestra el hallazgo espontáneo del dedo.

La explosión del viernes tendría que ser oportunidad para procesar a quienes, durante años, ordeñaron el ducto en San Primitivo y así enviar un mensaje de cero tolerancia a este delito.

Asimismo, debiera aprovecharse para abandonar el discurso victimista de que la ordeña es producto de la pobreza y eso se resuelve con transferencias de dinero. El no decir con claridad que esta práctica es un delito no ayudará a crear conciencia de su peligro.

Creer que éste será un antes y después automático es fácilmente desmentido por las reiteradas explosiones provocadas por el manejo de la pólvora por parte de los artesanos de pirotecnia en Tultepec, Estado de México, donde se han dado 50 estallidos en los últimos 20 años.

Pascal Beltrán del Río/Excelsior

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