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Querido y temido (recuento de lo inédito)

2018-07-07 08:36:02 | El Pionero

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Lo que hace una semana era ambiciosa promesa, el domingo se convirtió en obligada plataforma: Una cuarta transformación de México que equipararía el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la épica de Juárez, Hidalgo y Madero.


    

Con la inédita validación democrática de 30 millones de votos, procedentes del 53% de quienes fueron a las urnas, el país comenzó a protagonizar momentos inéditos.

 

Dos horas después de cerradas las casillas, llegó el reconocimiento al triunfo de López Obrador por sus competidores, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón, cuyas bajas votaciones —16, 22 y 5 por ciento— acrecentaron la dimensión de la victoria del futuro gobernante.

 

Y es que, a diferencia de lo sucedido en las cinco presidenciales anteriores (1988, 1994, 2000, 2006 y 2012), esta vez, a juzgar por los números, nunca hubo riña en la competencia.

 

Se trata, eso sí, de una elección que dio paso al contundente cierre de ciclo, el de los últimos 30 años, el mismo periodo en que PRI, PAN y PRD (y su antecedente) disputaron el poder en lo que hasta el primero de julio llamábamos el sistema tripartidista mexicano.

 

Porque, en un hecho sin antecedentes, esas tres fuerzas fueron minimizadas ante la representación que alcanzó el bloque de Morena, PES y PT, cuyos diputados y senadores podrán acompañar a López Obrador con una holgada mayoría, la misma que les hizo tanta falta a las gestiones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

 

Tan sólo en el Senado, los partidos afines al futuro Presidente sumarán 70 escaños (55 de Morena, nueve del PES y seis del PT), mientras los partidos del Frente tendrán 38 (23 del PAN, ocho del PRD y siete de Movimiento Ciudadano).

 

Más disminuida aún será la representación del PRI y sus aliados, con 20 senadores: 13 priistas, cinco del PVEM y dos de Nueva Alianza.

 

La dramática recomposición del tablero partidista y parlamentario coloca a los opositores tradicionales en una situación de riesgo y vulnerabilidad en varios sentidos.

 

De entrada, los ajustes de cuentas, propios de las derrotas, que ya se viven en las dirigencias del PAN, de Damián Zepeda, y del PRI, de René Juárez, mientras el PRD podría fragmentarse todavía más ante la posibilidad de que algunos de sus componentes sean subsumidos por Morena, obligando al resto a sujetarse al panismo y a MC.

 

Pero esos ajustes partidistas serán todavía más tortuosos cuando sus políticos confirmen, en el día con día, el abaratamiento de la oferta opositora ante un Presidente con el Congreso a su favor y un apoyo ciudadano construido en los últimos 15 años.

 

Hay un tercer elemento que complicará la recomposición del PAN y del PRI, particularmente cuando haya concluido el gobierno de Enrique Peña, y que está relacionado con el mandato que catapultó a Morena y a su líder.

 

Nos referimos al desgaste de esa mancuerna que López Obrador etiquetó desde 2006 como el PRIAN y que, según su narrativa política, habría cobijado los privilegios de “la mafia del poder” bajo la batuta de los expresidentes Salinas, Fox y Calderón, así como de políticos consumados, como Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Cevallos.  

 

La votación del 37% que, sumada, consiguieron PRI y PAN y sus respectivos aliados, es significativamente menor al 53% del bloque obradorista, aun cuando fue la primera competencia presidencial de Morena.  

 

De manera que la paliza electoral de López Obrador al PRIAN es numérica, pero también ha sido en el plano de la legitimidad, al haber cuestionado los mecanismos políticos que durante las últimas tres décadas compartieron esos partidos: Desde las llamadas “concertacesiones”, con las que supuestamente “se repartieron” gubernaturas, hasta el Pacto por México, que incubó las reformas del presidente Peña, pasando por los arreglos legislativos, presupuestales y de gobernabilidad a nivel federal y estatal.

 

¿Eso quiere decir que los arreglos entre las cúpulas partidistas van a pasar a mejor vida?

 

Por supuesto que no. Si de algo sabe, y mucho, López Obrador y los hombres que lo acompañan —Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Alfonso Durazo— es de negociaciones. 

 

El cambio que viene para la clase política y gobernante que conformó la etapa del PRIAN radica en el hecho de que esos imprescindibles acuerdos ahora se harán desde una débil correlación de fuerzas para los partidos, sus legisladores y mandatarios estatales.

 

Los panistas, por ejemplo, que en otras décadas dieron cabida a la representación de los intereses empresariales, atestiguan mudos, en estas primeras horas, el inédito cierre de filas de la élite económica a favor del ganador.

 

Mientras la mudanza de los bastiones gremiales a Morena deja al PRI en la peor crisis de representatividad de su historia.

 

Asistimos al cierre de un ciclo, porque así lo determinó la voluntad de las mayorías, al otorgarle amplios márgenes de poder a un líder político que llegará a Los Pinos cobijado en el consejo que Nicolás Maquiavelo concebía como imposible: Ser tan querido como temido.

 

Por Ivonne Melgar/Retrovisor

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Militarización, seguridad pública sin máscara

2018-11-18 16:24:20 | El Pionero

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Dos anuncios trascendentes esta semana disponen dejar de andarse por las ramas y chocar con la cruenta realidad. Como la opción menos “inconveniente”, López Obrador reveló su plan de seguridad, que tiene el valor de dejar de disimular la militarización de la seguridad pública como tendencia creciente de los últimos gobiernos. Si bien el paso al frente fue orillado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desechar la Ley de Seguridad Interior como un fraude constitucional con que se pretendía regular la presencia de los militares en las calles en la persecución del delito, el momento es ese del carnaval, cuando el anfitrión pide ¡fuera máscaras!


    

¡Esto es lo que hay!, dice Alfonso Durazo. Dejar de representar algo que no sucederá tiene la ventaja de conocer los verdaderos objetivos del próximo gobierno: teme, sobre todo, que la violencia lo rebase y la inseguridad lo lleva a retirar la idea del regreso paulatino de los militares —como López Obrador ofreció en campaña—, aunque no haya evidencia de que su presencia reduzca la violencia. Por el contrario, la nueva estrategia profundizaría la militarización, pero ahora ya sin la promesa de que el combate al delito regrese algún día al ámbito civil.

 

Su oferta de pacificar al país apuesta por la fuerza como la opción menos mala ante la “descomposición” y la ineficacia de las policías para “garantizar la seguridad”, para las cuales, sin embargo, no hay ni una línea de futuro.

 

La justificación es la misma de gobiernos anteriores para involucrar a los militares en la seguridad pública, pero, a diferencia de ellos, sin la careta de la “excepcionalidad” hasta el relevo por policías capacitados y profesionales. Dicho de otro modo, la creación de un mando castrense que integre a policías militares y civiles implica el reconocimiento del fracaso de autoridades federales y estatales de reformar las policías, incluso, a la principal corporación de la PFP, que quedaría subsumida bajo el paraguas de una nueva Guardia Nacional.

 

Éste sería un paso más en la misma dirección de los gobiernos anteriores de consolidar el peso fundamental de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen, aunque ahora, incluso, con la cobertura de una reforma constitucional que legalice su actuación de facto o evite disfraces legales para esconder su función. ¿Cuál diferencia con el anterior modelo de seguridad?

 

Pero la clarificación del planteamiento no podría explicarse sin el papel de la Corte que, como contrapeso institucional, estableció los términos del debate sobre la responsabilidad de la seguridad en el juicio de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

 

Aunque es difícil de creer en las coincidencias en política, su declaración de invalidez obliga a López Obrador a buscar la reforma constitucional para su plan de seguridad, como condición para superar el mandato de la Corte de que la seguridad pública esté en manos de civiles, salvo cuando, expresamente, haya una declaración de guerra o de suspensión de garantías, como precisó el ministro José Ramón Cossío.

 

El fallo también es un apercibimiento de los riesgos de la permanencia del Ejército para los derechos humanos, e incompatible con la democracia.

 

El fallo deja en manos del nuevo gobierno, y de Morena en el Congreso, la responsabilidad de abrir a los militares las fronteras del poder civil, ya no como una situación transitoria, sino como parte de una profunda remodelación de las instituciones de seguridad y procuración de Justicia. Al mismo tiempo que un varapalo al gobierno y a la anterior legislatura por tratar de burlar a la Constitución con la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior tramposa.

 

Tanto el fallo como los términos del plan ponen las cartas en la mesa sobre la discusión del modelo de seguridad. Ya no se trata de medidas que constituyen una excepción de la regla ante una situación extraordinaria, como justificó Calderón la salida de los soldados de los cuarteles y prorrogó Peña Nieto, con los mismos malos resultados que su antecesor, para contener la violencia o reducir el crimen, sino de una definición política que afectará, en la forma y en el fondo, los límites de los derechos de la democracia.

Por: José Buendía Hegewisch

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