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  • Los ‘dreamers’ se apresuran para renovar su permiso por última vez

    2017-10-04 13:14:50 | El Pionero

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    Brian Solís fue el primero en llegar a hacer fila, a las 3:00. Desdobló su silla e intentó dormir algo usando como almohada una mochila llena de libros de texto y papeleo migratorio


        

     Para el amanecer se le habían unido en la acera decenas de otras personas, muchos vestidos con hoodies y envueltos en cobijas.

    En todo el país, miles de jóvenes migrantes no autorizados como ellos han estado haciendo fila afuera de clínicas jurídicas y apurándose a llenar todo el papeleo necesario antes de que se les acabe el tiempo para tener la oportunidad de vivir y trabajar de manera legal en Estados Unidos.

    Como Solís, quien llegó a Estados Unidos desde El Salvador cuando tenía 7 años, las otras personas formadas ahí esperan poder renovar su permiso de la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que les ha concedido desde 2012 la posibilidad de obtener permisos de trabajo y aplazar su deportación cada dos años que se renueva. Pero el 5 de septiembre, el gobierno de Donald Trump anunció que desmantelará el programa y que el 5 de octubre será el último día en el que aceptará solicitudes para tramitar o renovar.

    Desde entonces, grupos defensores de migrantes y organismos sin fines de lucro se han volcado a ofrecer asesorías legales gratuitas, a apoyar con el llenado de las solicitudes y, en algunos casos, a ayudar a costear los 495 dólares necesarios para renovar el permiso.

    En Chicago, el Resurrection Project, que ha dado capacitaciones para DACA en centros e iglesias para comunidades coreanas, africanas y latinas, ha procesado unas 45 solicitudes a la semana desde el 5 de septiembre, en comparación con las dos o tres que ayudaba a tramitar previamente.

    En Houston, Catholic Charities ha ayudado a los beneficiarios de DACA a recuperar documentos perdidos por las inundaciones del huracán Harvey y ha realizado varios eventos de asesoría.

    “Las organizaciones como la nuestra han estado con el pie en el acelerador en todo momento”, dijo Amy Taylor, directora legal de Se hace camino Nueva York, que dijo se había acercado de manera masiva a los beneficiarios y había celebrado talleres en Queens y Long Island.

    En Los Ángeles, la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante (Chirla, por su sigla en inglés) organizó el contacto con abogados y ayudó a pagar los costos legales que muchas personas en la fila en la que estaba Solís dijeron no podían solventar con tan poca antelación.

    “Es el pago de todo un mes, 495 dólares”, dijo Blessing Soriano, de 21 años, quien trabaja en ventas y había llegado desde las 5:00 para asegurar un lugar en la fila.

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    Beneficiarios de DACA hacen fila en Los Ángeles para renovar su permiso. CreditChristopher Lee para The New York Times

    El gobierno de Trump, ante la amenaza de una demanda por parte de varios fiscales estatales republicanos si no eliminaba DACA, argumentó que el programa era inconstitucional al representar un abuso del poder ejecutivo (fue establecido por medio de un decreto). Anunció que desmantelaría el programa de la era de Obama, que ha beneficiado a 800.000 personas, para eliminarlo por completo hacia el 5 de marzo de 2018.

    Trump indicó que es responsabilidad del congreso encontrar una alternativa y urgió a los legisladores a hallarla antes del plazo.

    El gobierno solo permitió que los beneficiarios cuyos permisos expiran entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo pudieran renovar por última ocasión para el periodo de dos años. Alrededor de 154.000 personas cumplen con esas características.

    El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) dijo que desde el 5 hasta el miércoles 27 de septiembre recibió 39.400 solicitudes para renovar, más de las que usualmente recibe en un mes. Esa cifra no incluye las solicitudes presentadas antes del anuncio de la revocación de DACA ni las que han sido metidas en estos últimos días.

    “Como cuestión práctica no son solo 800.000 las personas afectadas por lo que pueda suceder”.

    JUEZ NICHOLAS GARAUFIS

    Varios grupos de defensoría y estados gobernados por demócratas presentaron una demanda en contra de la revocatoria bajo el argumento de que viola la Constitución de Estados Unidos y de que es particularmente hostil contra los mexicanos –que representan unas tres cuartas partes de los beneficiarios– y otros grupos de ascendencia latina.

    El juez Nicholas Garaufis, de la Corte de Distrito Federal de Brooklyn y quien está a cargo de deliberar sobre dos demandas a favor de DACA, dijo el martes que el gobierno de Trump “no tenía corazón” por haber rechazado un pedido suyo para que se extendiera la fecha límite de este 5 de octubre.

    “Como cuestión práctica no son solo 800.000 las personas afectadas por lo que pueda suceder aquí”, dijo el juez Garaufis, en referencia a las familias de los beneficiados. “Es inaceptable con toda franqueza para mí como ser humano en Estados Unidos. Supongo que es de celebrar que nací en Paterson, Nueva Jersey, en vez de en Ciudad de México”.

    Un abogado del Departamento de Justicia respondió que el 5 de octubre era una “fecha límite apropiada” para desacelerar las solicitudes “eficiente y rápidamente”.

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    Voluntarios de una iglesia en Chicago ayudan a beneficiarios de DACA a llenar sus solicitudes para la renovación. CreditJoshua Lott/Reuters

    Cuando los beneficiados por DACA solicitan renovar su permiso es necesario que aprueben una revisión de antecedentes –usualmente son rechazados quienes han cometido delitos graves–, que actualicen su información y provean detalles sobre su situación financiera. La tercera pregunta del formulario les pide que justifiquen su “necesidad económica para trabajar”.

    Las solicitudes son enviadas por correo a una de las tres cajas de correo habilitadas por USCIS, en Arizona, Illinois o Texas; el destino depende de en qué estado reside el solicitante. Los casos son revisados en un centro de la agencia en Nebraska y los solicitantes después reciben una notificación para acudir a las oficinas cercanas a su zona para la toma de huellas dactilares y de fotografías. En total, una aprobación tarda aproximadamente tres meses.

    La revocatoria del programa ha sido condenada por diversas empresas, grupos religiosos y políticos de ambos partidos. Donantes en todo Estados Unidos han contribuido millones de dólares para ayudar con el pago de las tarifas de renovación.

    El grupo Mission Asset Fund, con sede en San Francisco, ha recaudado aproximadamente cuatro millones de dólares para costear las tarifas de unos 6000 solicitantes en todo Estados Unidos, a quienes les ha enviado los cheques por el servicio exprés del correo; los cheques ya van dirigidos al Departamento de Seguridad Nacional, que cobija USCIS. En Rhode Island, varios grupos filantrópicos, empresas y el gobierno estatal unieron fuerzas para pagar los montos de todos los solicitantes de esa entidad y en el estado de Washington un donante anónimo dio 125.000 dólares. En Texas, Unbound Philanthropy subsidió las renovaciones de todos los solicitantes afectados por el huracán Harvey.

    Los consulados mexicanos también han asistido a quienes no pueden costear las tarifas.

    El presidente Trump, quien ha llegado a enaltecer a los llamados dreamers, como se conoce a los beneficiarios de DACA, le dejó la tarea a los legisladores para que protejan a los jóvenes indocumentados con alguna medida que también refuerce la aplicación de temas de seguridad fronteriza. Sin embargo, si el congreso no toma cartas en el asunto, las consecuencias de la cancelación del programa cambiarán el trayecto de vida de miles de personas.

    Paula Romano, cuyo permiso expira el 18 de marzo, teme perder el sueldo de 73.000 dólares que gana como gerente de una oficina de una empresa de gestión de campos petrolíferos en Nuevo México.

    Durante años fue parte de una economía informal en el sector de servicios alimentarios. Gracias a DACA pudo conseguir un mejor empleo hace cinco años, y después fue ascendida y pudo ahorrar lo suficiente como para pagar el anticipo de una casa propia. “Pude alcanzar a la clase media”, dijo, “y ahora solo siento el peso de la incertidumbre”.

    El permiso de José Magón caduca el 6 de marzo, justo un día después de la fecha límite. “Quería continuar mi educación y ahora no sé qué pasará”, dijo el joven de 17 años que vive en Maryland.

    Algunos de los migrantes no se dan cuenta de que no cumplen con los requisitos para renovar hasta después de visitar las clínicas y sitios de apoyo.

    “Mucha gente sin elegibilidad viene y lloran mucho”, dijo Kathy Khommarath, abogada de Chirla, el grupo en Los Ángeles.

    Y los que sí son elegibles quieren estar al pendiente de hasta los aspectos más mínimos, por lo que hicieron fila horas antes de que abrieran las puertas.

    “Quería asegurarme que iba a entrar y poder hacer todo, antes de irme a clase de cálculo y al trabajo”, dijo Solís, de 20 años, quien maneja el inventario y gestiona los turnos en un restaurante al mismo tiempo que va a clases en un centro de estudios superiores, en espera de poder aprovechar los créditos cursados y transferirse a la Universidad del Sur de California.

    Hacia las 10:00, Blessing Soriano, quien temía no poder pagar la tarifa por ser todo su sueldo mensual, salió de las oficinas con una sonrisa. Había terminado su solicitud y planeaba festejar con una cena en un restaurante Olive Garden.

    “Siento como que me quité de la espalda el peso del mundo entero”, dijo. “Y ahora puedo ir a trabajar feliz, aunque esté cansada”.

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    Un informe sin pena ni gloria

    2017-10-16 18:37:46 | Licenciado Hugo Peña Guerra

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    A una semana de que nuestro flamante edil Eliseo Compean Fernández, rindiera su primer informe de gobierno, mismo que pasara con más pena que gloria y tras su repentina ausencia por 4 días después del mismo, se le volvió a ver hasta el día viernes en un breve acto, por cierto muy fatigado


        

    Y aquí la pregunta obligada seria ¿se le descontaran los días que se ausento al ayuntamiento?

    Yo pienso que el edil debería de ponerse las pilas si está pensando en reelegirse, tal como no los ha venido vendiendo en tanto evento público y publicitario para él, mejor debería ir pensando en  cambiar de asesores porque lejos de favorecerle… le han perjudicado ya que la percepción de la gente (la bases partidistas), no ven bien el actuar de Eliseo ya que no ha podido consolidar sus promesas de campaña, en comparación con otros ayuntamientos; y con tantos cambios de funcionarios de todos los niveles dentro del ayuntamiento  así como tantos escándalos de corrupción, tal pareciera que va de mal en peor.

    “El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”  

    Anónimo

     

    Por: Lic. Hugo Guerra Peña

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