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  • Hundimiento del Sistema Anticorrupción

    2017-07-16 22:02:47 | El Pionero

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    El Sistema Nacional Anticorrupción, la única respuesta oficial al malestar social y el desfonde de las instituciones, caerá también en un socavón que le abrió la clase política al entrar en funcionamiento esta semana sin estar plenamente integrado.


        

    El hoyo en el sistema asemeja el hundimiento del suelo por una oquedad subterránea, como la del escandaloso Paso Exprés de la México-Cuernavaca, en el que perdieron la vida dos personas, en definitiva, por negligencia, desinterés y corrupción. Al igual que el cráter en la carretera, el estreno malogrado del nuevo aparato socava su credibilidad y muestra que las resistencias del poder público a la transparencia y rendir cuentas son verdaderas galerías debajo de la tierra en que sucumben los derechos humanos. ¿Cómo cumplirán ahora los comisionados su encargo anticorrupción?

     

    Después de tres años y un “mar” de escándalos por corrupción en la Federación y estados, las leyes anticorrupción se quedaron sin brazo ejecutor por la complicidad y el desdén de la clase política a cambiar la forma vertical y discrecional de ejercer el poder. La falta de acuerdos y el mercadeo político en el Congreso abortaron el nombramiento del fiscal Anticorrupción en el plazo previsto, con la entrada de la Ley de Responsabilidades Administrativas el 19 de julio. Aunque en el sótano de la caverna donde se excavaron los consensos lo que había era la pretensión de los partidos de tener un fiscal a “modo” y del gobierno de someter su actuación a la de un fiscal general al que estaría subordinado nueve años cuando se produzca la transformación de la PGR en Fiscalía General. Es decir, el sistema se hundió en un hoyo de resistencias por evitar la investigación y sanción de actuales tramas de corrupción en el próximo sexenio.

     

    Hay poca expectativa de que en el próximo periodo del Congreso, instalado ya en temporada electoral, se nombre al fiscal, si antes fue imposible un extraordinario por el litigio de los comicios en Coahuila. Sobre todo porque no se ve razón para reparar el socavón en que se precipitó el sistema, no obstante Peña Nieto ofreciera una reforma constitucional que elimine el pase automático de su procurador a la nueva fiscalía para repavimentar acuerdos con la oposición. Y aún más difícil re-encarpetar el proceso tras la renuncia del comité de ciudadanos que lo acompañaba por el “desinterés” para sacarlo adelante. Así nacería con el prestigio rasgado por el jaloneo de las fuerzas que se oponen a la transparencia y la rendición de cuentas, aunque la celebren en público.

     

    En este trance, cómo harán los comisionados anticorrupción, nombrados en 2016, para evitar sucumbir por asfixia —financiera o política— como ocurrió a las dos víctimas que la negligencia e ineficacia dejaron morir en el socavón del Paso Exprés. Perdóneme lo desproporcionado del paragón, pero busca gravedad del combate a la corrupción, ante todo porque el impacto de su acción mata y, en esa medida, conculca los derechos humanos.

     

    Los comisionados pueden ponerse a operar lineamientos para declaraciones de interés y patrimoniales de los funcionarios, aunque no teman ser castigados por transgredirlos. Diseñar indicadores de transparencia sobre  evolución de sus bienes y otras innovaciones técnicas para la rendición de cuentas que, sin embargo, lucen poco relevantes para combatir la corrupción sin fiscalía autónoma. También los tribunales administrativos podrán ayudar a suplir la falta de magistrados anticorrupción o la PGR al fiscal, pero de poco servirá sin voluntad política para atacar la impunidad. Algunos creen que para llegar a este resultado no eran necesarios una reforma constitucional y un sistema tan complejo; desde la clase política pensarán que el fracaso de la principal respuesta contra la corrupción sí ha servido para ganar tiempo.

     

    José Buendía Hegewish/Número cero

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    Daños colaterales

    2018-02-18 20:15:19 | El Pionero

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    Para muchos, las elecciones se convierten en una guerra entre partidos y candidatos en las que todo se vale, y como en toda guerra, también existen daños colaterales.


        

    Una consecuencia de las elecciones es la desbandada de funcionarios públicos y legisladores que deciden abandonar sus lugares de trabajo en busca de otra chamba, ya sea en algún órgano legislativo o para robustecer la campaña de sus candidatos. Esto es lo que realmente importa, ¿gobernar?, ¿mantener una administración a flote?, eso pasa a segundo término.

     

    El abandono de sus funciones no es el único impacto de las elecciones. En estos meses los poderes Ejecutivo y Legislativo se paralizan. Quienes llegan a sustituir a sus jefes en la administración pública tienen la encomienda de cerrar el changarro de la mejor manera, de preparar los libros blancos y negros, de no dejar cabos sueltos por si llega un partido de la oposición al gobierno. La instrucción es nadar de muertito y cuidar que nada explote. Los últimos meses no son para innovar ni para gobernar.

     

    En las Cámaras de Senadores y Diputados toda decisión tiene un cálculo político. Como las verdaderas figuras ya tienen algún espacio en las listas plurinominales y los acuerdos se dan en las cúpulas de los partidos, realmente no hay ningún esfuerzo para sacar las iniciativas de la congeladora, a menos, por supuesto, que convenga a los fines electorales.

     

    Lo peor es que a la mayoría de los políticos que dejan sus cargos no se le podrá recompensar o castigar por sus acciones porque los partidos los premiaron con alguna posición plurinominal. ¿Qué pasaría si el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, o el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tuvieran que enfrentarse a las urnas?, ¿que tuvieran que hacer campaña para que la gente votara por ellos directamente?, ¿realmente ganarían? Eso no se sabrá porque hoy ocupan los primeros lugares en la lista plurinominal del PAN.

     

    Dirán que es un derecho político que una decida seguir una carrera política; que la ley los obliga a renunciar y nada pueden hacer; “que la gente se lo pidió” o “porque quieren seguir sirviendo a la gente desde otra trinchera”, el pretexto es lo de menos. Lo que es un hecho es que hasta quienes en su momento criticaron a quienes abandonaban sus puestos, como Jaime Rodríguez, El Bronco, han sucumbido a esta necesidad de seguir teniendo poder.

     

    Otro daño colateral que se presenta en todos los procesos electorales es que los partidos políticos y los candidatos utilizan el sistema judicial como una herramienta de ataque. A la menor provocación acuden a la Procuraduría General de la República o a las Procuradurías y Fiscalías locales para denunciar las atrocidades de los candidatos contrarios. Exigen, piden, demandan que a la brevedad se investigue “el enriquecimiento ilícito”, “su relación con el crimen organizado” o algún acto de corrupción recientemente encontrado.

     

    Si de por sí los ministerios públicos están llenos de denuncias y demandas a las que no pueden darles seguimiento, en estas épocas se vuelve ridículamente inmanejable el trabajo que llega. Por supuesto, a los políticos no les interesa esto, el efecto mediático de culpar a los opositores es algo a lo que no renunciarán. Aunque después no le den ningún seguimiento y ni siquiera ratifiquen sus demandas.

     

    Así pues, en las elecciones, además del descomunal gasto que implican las campañas, la espotiza y promesas de siempre a la que son sometidos los ciudadanos y la basura electoral que aparece, existen daños colaterales igualmente graves.

     

    Por Vianey Esquinca/La inmaculada percepción

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