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  • Siete definiciones militares

    2017-03-15 21:45:50 | El Pionero

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    El general Cienfuegos destacó, también, que independientemente de esa realidad, soldados y marinos seguirán cumpliendo con su responsabilidad.


        

    No sé si el término correcto sea predicar en el desierto, pero algo así parecen estar haciendo las autoridades militares ante la cerrazón del Congreso (y de quienes se lo permiten) para legislar sobre seguridad interior. Es verdad que hay senadores como Roberto Gil Zuarth que tienen claridad sobre el tema y lo han expuesto públicamente, pero la enorme mayoría ha ignorado una y otra vez la demanda militar de legislar sobre ese capítulo o quiere utilizarlo como moneda de cambio.

     

    Lunes y martes pasados pude tener una larga entrevista con el general

    Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, en el programa Todo personal (Adn40 a las 21 horas). Hablamos de muchas cosas, pero me quedo con siete definiciones suyas. La primera es que en los últimos 11 años, las autoridades civiles no han creado las fuerzas policiales necesarias para garantizar la seguridad interior y cada vez más se recurre al expediente de pedir tropas que no sólo deben ocuparse de esas labores, sino también de las de seguridad pública en los estados en donde intervienen.

     

    Destacó que se debe entender que preservar la seguridad interior, una responsabilidad militar que está establecida desde la Constitución del 17 (en realidad desde el siglo anterior, desde la Constitución de Cádiz) es diferente a la seguridad pública. La seguridad interior implica defender desde espacios territoriales hasta institucionales y hay amplias zonas del país donde la delincuencia ha desplazado a las fuerzas de seguridad locales y a las instituciones.

     

    Y hace 11 años que persiste esa demanda. Y una y otra vez las autoridades civiles la han negado. Eso tiene relación con otro punto clave: la responsabilidad de otorgar los instrumentos para que se garantice que la seguridad interior no proviene de los militares, sino de las propias autoridades civiles, ellas son las que legalmente deben garantizarla y, por ende, construir esos instrumentos para

    que el Ejército y la Marina puedan intervenir.

     

    Un tercer punto: por todo lo anterior, es un acto de irresponsabilidad política querer “canjear” la ley de seguridad interior por la del modelo policial o por la designación de un fiscal anticorrupción o por los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral o lo que se les ocurra. La seguridad interior es una exigencia social que no tiene límites sexenales: no es “canjeable”. Incluso no lo son, sostuvo el general Cienfuegos, la ley de seguridad interior y la de formación o modelo policial. Es a partir de la seguridad interior que se establecen responsabilidades y obligaciones institucionales para

    que los estados creen sus fuerzas policiales.

     

    Un cuarto punto: las reformas instrumentadas en otros ámbitos, como la de justicia penal, necesitan la de seguridad interior para terminar de amalgamarse y ser funcionales. Un ejemplo: según la Reforma Judicial un militar no puede consignar a un delincuente, debe hacerlo un policía, pero los militares están reemplazando a policías que no son capaces de contener a la delincuencia o están cooptados por ella. Entonces cuando se detiene a alguien, incluso en flagrancia, hay que buscar un policía que lo presente. Si no aparece o lo hace alguien de la tropa se considera que se faltó al debido proceso y, entonces, ese delincuente puede quedar en libertad y además se puede procesar a ese militar por haber violado los “derechos humanos” del detenido, aunque sea un capo de la droga o un secuestrador. Por eso se necesita la ley.

     

    Quinto punto: se ha dicho que no es una demanda social que los militares participen en tareas de seguridad y que, por lo tanto, no es necesaria la ley. El general Cienfuegos decía que no recordaba un solo caso significativo donde las autoridades estatales y mucho menos la población, pidieran que el Ejército se fuera de sus localidades. Por el contrario, la demanda es que se queden y amplíen su radio de acción.

     

    El general Cienfuegos destacó, también, un sexto punto. Independientemente de esa realidad, soldados y marinos seguirán cumpliendo con su responsabilidad. Nunca ha dicho que se retirarán de las áreas asignadas por el Ejecutivo si no se aprueba esa u otra ley. Lo que sucede es que se les están otorgando responsabilidades sin los instrumentos adecuados para sacarlas adelante, con un costo operativo, legal e incluso de vidas alto.

     

    Un último punto no es menor. El propio Ejército está ya al límite de sus capacidades operativas. Hoy tiene 52 mil hombres y mujeres desplegados sobre el territorio cubriendo tareas de seguridad. Son casi la cuarta parte de sus elementos y deben ser rotados, alimentados, equipados y dirigidos, con un porcentaje presupuestal que es uno de los más bajos, con mucho, de todo el continente.

     

    Si el Ejército que es una suerte de última frontera en estos temas está al límite y no se hace nada para apoyarlo, ¿qué sucederá, nos preguntamos nosotros, cuando ese límite se rompa? ¿O, quizás, ésa es la intención política?

     

    Jorge Fernández Menéndez/Razones

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    Los italianos en Jalisco

    2018-06-16 16:17:05 | El Pionero

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    Según lo escrito en el expediente de los italianos, ¿nadie sabe quién es don Ángel? ¿Es imposible dar con su paradero? ¿No hay posibilidad de conocer sus movimientos?


        

    La historia es atroz. La contamos ayer en Imagen Noticias, gracias al trabajo de Marinellys Tremamunno, corresponsal de Grupo Imagen en Italia. Habla Claudio Falletti, abogado de la familia de Antonio y Raffaele Russo y Vincenzo Cimmino, los tres italianos desaparecidos en el estado de Jalisco el 31 de enero pasado: “A través de los oficios de la investigación y de los interrogatorios de las audiencias que se llevaron a cabo en México, en febrero, un nombre quedó en evidencia y este nombre es un tal don Ángel (...) don Ángel siempre fue presentado como una figura abstracta, se podría creer que fuese un nombre para dar la culpa a alguien, pero en realidad no es así, porque del expediente de la investigación se evidencia que don Ángel existe realmente…”. ¿Y quién es don Ángel? “Un señor moreno, chaparro, fornido, de una edad aproximada de 45 a 50 años...”, así lo describe uno de los imputados en la carpeta de investigación 12320/2018 de la Fiscalía de Jalisco. “La Fiscalía mexicana jamás ha conectado las desapariciones de las tres personas, es decir, siempre ha separado la posición de Antonio Russo y Vincenzo Cimmino de aquella de Raffaele Russo. En realidad, los imputados que han sido interrogados han declarado que los tres fueron entregados a la misma persona y que los tres se encuentran, se encontrarían en el mismo lugar…”, según lo investigado por la corresponsal de Imagen.

     

    ¿Y qué fue lo qué pasó? “Uno de los policías narra que su comandante les dio la orden, a las 19 horas, de acudir a la calle Juárez, cerca de una gasolinera que se encuentra a la entrada del pueblo. Ahí les dio una segunda orden, dirigirse a la gasolinera y comprobar si había una camioneta blanca con dos personas de nacionalidad italiana a bordo. Según el relato del policía, tardaron diez minutos en localizar el vehículo saliendo de la gasolinera. Confirmaron a su comandante que se trataba de los italianos. Una nueva orden: escoltarlos a donde empieza la carretera Tecalitlán a Jilotlán, a la altura de un contenedor de basura a la salida de Jilotlán. Salió la caravana, dos policías al frente, el vehículo de los italianos y detrás de ellos la camioneta del comandante y un policía más. Cuando llegaron ahí ya los esperaba una camioneta cerrada de color vino marca Mazda, ahí el oficial escuchó a su comandante llamar a un señor por el nombre de don Ángel...”, según se anotó en el expediente. A partir de ahí, don Ángel se convirtió en personaje esencial en la investigación. Él, la figura central en el paradero de los italianos. ¿Cómo es posible que la familia no sepa nada más que lo difundido en redes? “Tenemos el derecho de saber. Yo tengo un niño de cuatro años y medio, como ya he dicho en tantas entrevistas, el niño me pide hacer una videollamada al papá (...) les ruego se hiciera en este gobierno, ahora se ha confirmado y nos deben ayudar. Tenemos el derecho de ser ayudados...”, habla Silvana Esposito, esposa de Raffaele Russo y madre de Antonio Russo en una de las varias entrevistas que ha dado a los medios de comunicación.

     

    Lo que ocurre, perdón, pero me recuerda mucho a lo que sabemos del caso Ayotzinapa, ciudadanos entregados al crimen organizado por las autoridades rebasadas en sus capacidades. Según lo escrito en el expediente de los italianos, ¿nadie sabe quién es don Ángel? ¿Es imposible dar con su paradero? ¿No hay posibilidad de conocer sus movimientos? Tres ciudadanos italianos le fueron entregados; han pasado casi cinco meses sin que sepamos nada de ellos, ¿en verdad las autoridades están imposibilitadas para conocer las operaciones de grupos criminales de ciertas regiones del país? Tanto en el caso de los 43 estudiantes, por su magnitud, como en el caso de los italianos, por los recursos que su familia ha invertido en su búsqueda, podemos darnos una idea de la manera en que actúa el crimen organizado. ¿Cuántos casos como estos desconocemos? Hace unos días vimos a un alcalde huir, literalmente, antes de la elección. El de Nadadores, Coahuila, encontrado en Tijuana. Antes de él, hemos contado a más de 114 políticos asesinados desde septiembre. ¿Qué dice eso de nuestro país? ¿Cómo podemos simular tranquilidad? ¿Cómo podemos estar en una campaña electoral que dista mucho de hablar, de plantear respuestas a estos problemas?

     

    Yuriria Sierra/Nudo gordiano

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