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  • Atrás mordaza

    2017-02-01 17:37:29 | El Pionero

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    “Los censores nunca jamás han sido protectores de la gente (aunque así se vendan): son protectores de los poderosos que no quieren que nadie los exhiba. Al grado de defender, incluso, lo indefendible. El IFT está a tiempo de recapacitar y no contribuir a lastimar todavía más nuestra ya de por sí muy lastimada democracia…”, escribí esto hace apenas una semana.


        

    Hoy, siete días después, el IFT tendrá que esperar a que la SCJN resuelva la controversia constitucional que interpondrá Presidencia de la República, según lo anunció ayer. Son ocho los artículos de la Ley Federal de Televisión y Radiodifusión que fueron señalados por el Ejecutivo para buscar su anulación. Entre ellos está, justamente, al que hice referencia hace unos días. El gobierno de la República justifica su intervención en que el IFT no tiene facultades para emitir disposiciones que regulen lo que entendemos (o entienden) como derecho de las audiencias. Esto es parte de las obligaciones del Estado, y pretender regularlo era invadir facultades del Presidente. Y como detallamos varios colegas, definir qué debe ver y de qué forma la audiencia, es un asunto sumamente delicado y, sí, de corte autoritario y diseñado sobre criterios que subestiman a televidentes y a radioescuchas, que pretendían “proteger” a las audiencias a partir de subestimarlas y privarlas de toda voz que propicie debate, opinión, signos de interrogación, irreverencia, cuestionamiento o hasta la mera interpretación de los hechos que aporta la realidad. El recurso de controversia constitucional que interpuso Peña Nieto corresponde a una urgencia para asegurar que la manera en cómo comunicamos quienes nos dedicamos a los medios de información, no sufra alteraciones que corresponden más a regímenes censores que a una democracia abierta y deliberativa. “Me gusta mi mundo sucio, contradictorio, mugriento y bajo. No lo cambio por el lugar desinfectado que, dentro de poco, será…”, escribía Leila Guerriero hace un par de semanas en su blog en El País. Se refería —por supuesto— a la lluvia de reglas o normas morales que, con el tiempo, la sociedad ha diseñado como resultado de un boom por la corrección política. Búsqueda de mejores códigos que se han convertido en estrategias de manipulación por parte de quienes ejercen el poder. Cuando lo correcto se vuelve lo incontrovertible. Le decía yo en el texto del 27 de enero: lo que pretende el IFT es evitar que yo que escribo en este diario y conduzco dos espacios informativos, en radio y televisión, respectivamente, me guarde sólo para mí (o lo aturda a usted, querido televidente o radioescucha, con cortinillas de advertencia de que lo que diré es opinión mía y nada más que mía, como si usted fuera un tonto incapaz de distinguirla) cualquier apreciación sobre la realidad. Ni pensar en decir que Javier Duarte es un ratero, aunque la Interpol ya lo busque por ello: antes el IFT me exigiría una cortinilla de “opinión”. Otra nueva legislación para menospreciar el criterio, la inteligencia y el discernimiento de los ciudadanos: el Estado siempre tratándolos como niños de pecho para protegerse a sí mismo (o a su clase política) de todas las críticas y cuestionamientos. Mejor te pongo una venda (o una cortinilla) en ojos y orejas para que no veas ni oigas que en realidad soy santaclós (o bueno, que soy un ratero). El IFT esperará la resolución de la Corte, que antes de discutir el tema deberá aceptar el recurso del gobierno federal. ¿En qué pensaba el IFT con esta ley que sería la envidia hasta de Nicolás Maduro? El gobierno federal hace lo correcto al interponer la controversia para no permitir que esta sociedad reciba, como escribía Leila, la información “desinfectada”. Que de tan desinfectada termina siendo incolora, inodora, insípida y... homogénea. Repito lo que anoté: una sana democracia se enriquece por la diversidad de voces y de vías que éstas tienen para expresarse. Cualquier intento de restringirla —lejos de los principios éticos de cada informante—, corresponde a un acto de censura. Y las mordazas siempre sacan sangre: no sólo a las bocas a las que se imponen; también a las manos que las amarran... Es turno de la SCJN para defender una libertad fundamental para toda democracia que se precie de serlo. Yuriria Sierra/Nudo Gordiano

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    Los italianos en Jalisco

    2018-06-16 16:17:05 | El Pionero

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    Según lo escrito en el expediente de los italianos, ¿nadie sabe quién es don Ángel? ¿Es imposible dar con su paradero? ¿No hay posibilidad de conocer sus movimientos?


        

    La historia es atroz. La contamos ayer en Imagen Noticias, gracias al trabajo de Marinellys Tremamunno, corresponsal de Grupo Imagen en Italia. Habla Claudio Falletti, abogado de la familia de Antonio y Raffaele Russo y Vincenzo Cimmino, los tres italianos desaparecidos en el estado de Jalisco el 31 de enero pasado: “A través de los oficios de la investigación y de los interrogatorios de las audiencias que se llevaron a cabo en México, en febrero, un nombre quedó en evidencia y este nombre es un tal don Ángel (...) don Ángel siempre fue presentado como una figura abstracta, se podría creer que fuese un nombre para dar la culpa a alguien, pero en realidad no es así, porque del expediente de la investigación se evidencia que don Ángel existe realmente…”. ¿Y quién es don Ángel? “Un señor moreno, chaparro, fornido, de una edad aproximada de 45 a 50 años...”, así lo describe uno de los imputados en la carpeta de investigación 12320/2018 de la Fiscalía de Jalisco. “La Fiscalía mexicana jamás ha conectado las desapariciones de las tres personas, es decir, siempre ha separado la posición de Antonio Russo y Vincenzo Cimmino de aquella de Raffaele Russo. En realidad, los imputados que han sido interrogados han declarado que los tres fueron entregados a la misma persona y que los tres se encuentran, se encontrarían en el mismo lugar…”, según lo investigado por la corresponsal de Imagen.

     

    ¿Y qué fue lo qué pasó? “Uno de los policías narra que su comandante les dio la orden, a las 19 horas, de acudir a la calle Juárez, cerca de una gasolinera que se encuentra a la entrada del pueblo. Ahí les dio una segunda orden, dirigirse a la gasolinera y comprobar si había una camioneta blanca con dos personas de nacionalidad italiana a bordo. Según el relato del policía, tardaron diez minutos en localizar el vehículo saliendo de la gasolinera. Confirmaron a su comandante que se trataba de los italianos. Una nueva orden: escoltarlos a donde empieza la carretera Tecalitlán a Jilotlán, a la altura de un contenedor de basura a la salida de Jilotlán. Salió la caravana, dos policías al frente, el vehículo de los italianos y detrás de ellos la camioneta del comandante y un policía más. Cuando llegaron ahí ya los esperaba una camioneta cerrada de color vino marca Mazda, ahí el oficial escuchó a su comandante llamar a un señor por el nombre de don Ángel...”, según se anotó en el expediente. A partir de ahí, don Ángel se convirtió en personaje esencial en la investigación. Él, la figura central en el paradero de los italianos. ¿Cómo es posible que la familia no sepa nada más que lo difundido en redes? “Tenemos el derecho de saber. Yo tengo un niño de cuatro años y medio, como ya he dicho en tantas entrevistas, el niño me pide hacer una videollamada al papá (...) les ruego se hiciera en este gobierno, ahora se ha confirmado y nos deben ayudar. Tenemos el derecho de ser ayudados...”, habla Silvana Esposito, esposa de Raffaele Russo y madre de Antonio Russo en una de las varias entrevistas que ha dado a los medios de comunicación.

     

    Lo que ocurre, perdón, pero me recuerda mucho a lo que sabemos del caso Ayotzinapa, ciudadanos entregados al crimen organizado por las autoridades rebasadas en sus capacidades. Según lo escrito en el expediente de los italianos, ¿nadie sabe quién es don Ángel? ¿Es imposible dar con su paradero? ¿No hay posibilidad de conocer sus movimientos? Tres ciudadanos italianos le fueron entregados; han pasado casi cinco meses sin que sepamos nada de ellos, ¿en verdad las autoridades están imposibilitadas para conocer las operaciones de grupos criminales de ciertas regiones del país? Tanto en el caso de los 43 estudiantes, por su magnitud, como en el caso de los italianos, por los recursos que su familia ha invertido en su búsqueda, podemos darnos una idea de la manera en que actúa el crimen organizado. ¿Cuántos casos como estos desconocemos? Hace unos días vimos a un alcalde huir, literalmente, antes de la elección. El de Nadadores, Coahuila, encontrado en Tijuana. Antes de él, hemos contado a más de 114 políticos asesinados desde septiembre. ¿Qué dice eso de nuestro país? ¿Cómo podemos simular tranquilidad? ¿Cómo podemos estar en una campaña electoral que dista mucho de hablar, de plantear respuestas a estos problemas?

     

    Yuriria Sierra/Nudo gordiano

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